Al no cumplir la orden del juez del pasado 11 de agosto del presente año para reinstalar al exmagistrado Marco Antonio Lezama Moo a sus funciones; la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, y los diputados del Congreso local podrían tener sanciones de más 5 años de prisión e inhabilitación a un cargo público hasta por 10 años. 

La diputada federal panista, Mariana Dunyaska García Rojas, aseveró que la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, podría tener una pena de cinco a seis años de prisión y la destitución de su cargo público e inhabilitación del mismo de 5 a 10 años con una multa de 100 a mil días de salario mínimo, lo equivalente de ocho mil hasta 86 mil pesos aproximadamente.

“La presidenta acorde al Artículo 67, Fracción Primera de la Ley de Amparo, podría tener una pena de cinco a seis años de prisión y una multa de cien a mil días de salario mínimo, pero lo más grave es la destitución e inhabilitación del encargo público de 5 a 10 años”, sentenció.  

Y es que, si la Fiscalía Federal de la República atrae el caso del exmagistrado Marco Antonio Lezama Moo, podría obligar al Congreso Local de Veracruz a cumplir la Ley y de esta manera reinstalar al exmagistrado.

Cabe recordar que dicha destitución fue aprobada de forma ilegal por el Congreso Veracruzano de mayoría Morenista,  los cuales el pasado mes de julio designaron a seis nuevos magistrados, a pesar de que dos exmagistrados consiguieron dos suspensiones provisionales contra su remoción. 

La legisladora federal recordó que la votación del pasado 30 de julio deja al descubierto que no se respetó la Ley de Amparo por los diputados locales y fue más allá, al señalar que la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, fue quien avaló los nombramientos de los actuales magistrados y no fueron legales, por tal motivo Martínez Huerta  podría hacerse acreedora de dichas sanciones


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Detalló que en materia del Artículo 262 de la citada ley, en su Fracción Tercera, marca claramente que por no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado, podrían imponer al Congreso local y a los diputados que aprobaron los nombramientos de tres a nueve años de prisión, con una multa de 4 hasta 43 mil pesos y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años en un cargo público; en este sentido podría alcanzar a cada uno de los diputados que votaron a favor de nombrar a esos nuevos magistrados. 

“Es un tema que el Congreso tendría que haber resuelto y ratificado; así como, entender que cometieron un error. Sin embargo, no lo han hecho”. 

Esto según García Rojas, deja en descubierto que desafortunadamente el partido en el poder quiere tener un control total, “ya tienen el Congreso local, ya tienen la Fiscalía General y ahora fueron por el Poder Judicial”.  


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Por último, dijo que seguirá alzando la voz en cualquier trinchera para exigir que la Ley de amparo sea respetada y tutelada, ya que es uno de los garantes más valiosos de la legislación nacional.

Información de Luis Sigüenza

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