El Congreso del Estado de México aprobó la denominada Ley Ingrid para castigar, hasta con ocho años de prisión, a los funcionarios públicos que filtren imágenes o información de víctimas.

Con la iniciativa aprobada se adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal local, donde establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien cometa este tipo de delitos.


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Dicha ley castiga a los responsables de audiograbar, comercializar, compartir, difundir, distribuir, entregar, exponer, enviar, filmar, fotografiar, intercambiar, ofertar, publicar, remitir, reproducir, revelar, transmitir o videograbar, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos,  relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan.


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En caso de que las víctimas sean mujeres, niñas y adolescentes se considerará una agravante del delito, además, cuando la información constituya una posible lesión a la dignidad humana o memoria de las personas y en caso de que éstas sean víctimas directas o indirectas del delito.


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Asimismo, las penas incrementarán hasta en una mitad si el material divulgado refiere a videos o imágenes sobre la circunstancia de la muerte o sobre los cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; así como lesiones o estado de salud.

ARM

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