Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, por muertes registradas en la pandemia por covid-19.

En acato a una sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, instruyó al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria.

Familiares de personas fallecidas a causa de Covid-19 en 2020 presentaron ante la FGR denuncias penales contra el subsecretario Hugo López-Gatell, acusándolo de incompetencia y negligencia en su desempeño como jefe de la estrategia del Gobierno federal ante la pandemia.


Te sugerimos: [ÚLTIMA HORA] Con más de 60 mil contagios nuevos, se rompe otro récord en México


La primera fue del abogado Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, en representación del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala. El 15 de diciembre de 2020, la FGR desechó la denuncia de hecho, sin haber llevado a cabo actos de investigación.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó en diciembre pasado revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenara al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa.

“La fiscalía debe ejercer y cumplir su obligación de investigar los hechos denunciados por las víctimas indirectas, con apariencia de delito, todo ello conforme a lo previsto por los artículos 131, 212, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, determinó Ganther Alejandro.


Los denunciantes afirman que López-Gatell ha tenido una “deficiente actuación” y es documentable “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz al pueblo mexicano”, lo que ha dado como resultado “el cúmulo de homicidios de comisión por omisión”. Indicaron que el subsecretario “introdujo los lineamientos de atención a la posible epidemia y, al no hacer el correcto análisis, provocó la existencia de casos de SARS-CoV-2 no detectados de manera oportuna”, impidiendo al personal médico activar protocolos como el uso de cubrebocas, aislamiento de los pacientes, desinfección, tratamiento pertinente, entre otros.

Incluso, acusaron, prohibió a los hospitales privados realizar pruebas de SARS-CoV-2 y el 19 de marzo “mencionó que las mismas no tenían utilidad alguna”.

Temas: