Entre 2013 y 2015, el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, benefició a una empresa familiar con contratos del Gobierno federal, denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dicho organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda (SH) detectó dicha práctica ilegal del exfuncionario federal desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


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Lo anterior derivó de un análisis de riesgo respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) y mencionadas en la investigación de los ´Pandora Papers´.

El informe se presentó  como parte de los compromisos internacionales de la UIF, y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia.


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Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios su sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.

"En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar", detalla el estudio.

El pasado 19 de agosto, agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al extitular de la extinta PGR; y el 24 del mismo mes, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso y determinó que ante un riesgo de evasión de la justicia debe permanecer en prisión preventiva justificada.

El exprocurador enfrenta un proceso penal por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

ARM

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