El Instituto Nacional Electoral (INE) carece de facultades para posponer la encuesta para la revocación de mandato, determinó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con la resolución, se obliga al organismo a garantizar dicho ejercicio, implementar las medidas y los ajustes presupuestales necesarios para que en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales, se continúe con dicho mecanismo de participación directa.


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El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera se aprobó por unanimidad por el que se revoca el acuerdo del INE y establece vincular a la Secretaría de Hacienda para propiciar la obtención de los elementos necesarios, así sea “dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación ciudadana”.

En su presentación, Fuentes Barrera rechazó el argumento de la autoridad electoral sobre insuficiencia presupuestal , al indicar que “en principio no es una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar las actividades ya calendarizadas” sobre el desarrollo del proceso de revocación de mandato.


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“(El INE) únicamente puede interrumpir el proceso de revocación de mandato conforme a las hipótesis previstas en la propia normativa, la cual señala que esto sucede cuando no se reúnan las firmas equivalentes a tres por ciento de la lista nominal de electores o la dispersión correspondiente a 17 entidades federativas”, recordó el magistrado.



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Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata precisó que “a efecto de garantizar justamente el ejercicio pleno de la ciudadanía en la revocación de mandato, al ser autoridad para autorizar las erogaciones adicionales aprobadas” el INE debe ajustar el presupuesto correspondiente a fin de que “en el ejercicio de su autonomía constitucional determine áreas de las cuales pueda obtener recursos siempre que no se afecten funciones prioritarias fundamentales en los procesos administrativos y electorales necesarios para la función electoral”.

ARM

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