El 31 de enero de este año, salió a la luz que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incineró entre mil 560 y mil 581 cuerpos sin reconocer debido a que presentaba una saturación en sus instalaciones.
Ante esto el subsecretario de Derechos Humanos, Pobación y Migración, Alejandro Encinas, mencionó que identificarán a los responsables pues es un delito la manera en la que realizaron la actividad, aunque el asunto le corresponde al Gobierno de Jalisco.
“La ley establece con toda claridad que no se puede incinerar ningún cadáver que no haya sido claramente identificado, pero eso le corresponde al Gobierno del Estado”.
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El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), detalló que la cremación ocurrió por
un mal manejo de los cuerpos debido a que no se seguían los
protocolos
, información que hallaron
luego de realizar algunas solicitudes de transparencia al IJCF.
De acuerdo con lo presentado por el Cepad, desde 2006 hasta 2015, el Instituto Jalisciense realizó dicha actividad por lo que solicitaron que implementaran el Protocolo de Minnesota, mecanismo adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar una investigación “objetiva e imparcial”.
Además, pidieron la intervención del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en el caso “a efecto de que se detone el proceso de justicia y verdad” para los familiares y la sociedad.
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MR