El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, responsabilizó a grupos de poder investigados por la FGR, entre ellos, el de los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, de haber emprendido una “campaña de extorsión mediática criminal” en su contra.

Esto luego de que fuera intervenida y divulgada una llamada telefónica que sostuvo con el subprocurador Juan Ramos.

Aunque dijo que la investigación iniciada por la FGR por una intervención ilegal a sus comunicaciones tiene un avance importante, pero aún no se cierra, Gertz aventuró como hipótesis la intención de llevar a cabo “un linchamiento” en su contra, derivado del proceso penal que se busca llevar contra estos abogados.


“Estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos llevando a proceso (…) Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para seguir con su linchamiento. Pero que, finalmente, tendrán que enfrentar a un juez”, dijo Gertz.


El fiscal señaló directamente a los abogados denunciados por el jurista Juan Collado, quien los acusa de haberlo extorsionado: Juan Araujo, César Omar González, David Arnau e Isaac Perez Rodríguez.

La FGR tiene en curso, por lo menos, tres indagatorias en contra de Scherer y de despachos de abogados que, presuntamente, se coludieron para extorsionar a personas ligadas con casos como Cruz Azul, Collado u OHL.

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Gertz rechazó haber abusado de su poder para gestionar el caso en contra de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, a las que considera corresponsables de la muerte de su hermano Federico. También advirtió que no piensa renunciar a su puesto pues no ha hecho nada incorrecto.

Aunque en la llamada filtrada hace unos días se escucha que Gertz habla con el subprocurador Ramos sobre la resolución de este caso —que está en manos de la Corte—, él sostiene que su intervención es personal y en calidad de víctima, y que no ha usado su influencia porque la indagatoria está a cargo de autoridades locales, no federales.

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