La Fiscalía General de la República (FGR) no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador, en el caso de su presunta responsabilidad en delitos electorales.

De acuerdo a Pablo Hernández, abogado del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia no encontró pruebas en el ilícito del que se le acusó.


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En entrevista radiofónica, el litigante indicó que el principal argumento para el cierre de la carpeta de investigación fue la ‘ilegalidad’ con el que medios de comunicación obtuvieron el video difundido, donde aparece Pío López y David León.

“Principalmente se basa en la ilegalidad de los medios de comunicación, es el primer punto para sustentar el no ejercicio de la acción penal, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, sostuvo.


La determinación también beneficia a David León Romero, excoordinador Nacional de Protección Civil, y quien también fue imputado en el caso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR solicitó cerrar el caso ante el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México, mediante un escrito presentado por agente del Ministerio Público Federal, titular de la Célula B-II-1, Héctor Sánchez Zaldívar.


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A pesar de la determinación, aún resta el trámite del juez del caso, Julio Veredín Sena, para que evalúe y en su caso, acceda a la petición de la FGR, con lo cual el asunto quedará definitivamente concluido.

En días pasados, tanto Pío López Obrador como David León declararon ante la FEDE, el primero incluso obtuvo copia de la carpeta de investigación, la cual entregó voluntariamente al Instituto Nacional Electoral (INE), quien la requería.

A través del portal de noticias Latinus, en agosto de 2020 se difundió un video grabado en 2015 mientras Pío recibía dinero en efectivo por parte de David León, que en ese entonces trabajaba como operador político de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.


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Partidos de oposición interpusieron una denuncia luego de que el propio presidente reconoció en una conferencia de prensa que dichos recursos eran “aportaciones” para que Morena compitiera por primera vez en las elecciones legislativas de ese entonces, información que no fue transparentada ante el Instituto Nacional Electoral. Dicho litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 A través de un comunicado la FGR confirmó lo dicho por Pablo Hernández en torno al caso: "determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes.

 

ARM

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