El informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) no incluye “certezas científicas” de que los 43 normalistas desaparecidos “estén sin vida”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los jóvenes.

En conferencia de prensa virtual, dijo que las pruebas del reporte aún no se corroboran, sin embargo, reconoció algunos avances en las investigaciones del caso.

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“Lo que hoy se tiene en el informe todavía no alcanza un nivel de esclarecimiento, todavía no alcanza para decirles a los padres y madres, aquí están los restos o aquí están los elementos técnicos científicos de lo que habría ocurrido. Entonces no podemos afirmar que sí”, dijo el abogado.


El litigante resaltó que las autoridades reconocieran como un crimen de Estado el ataque, asesinato y desaparición contra estudiantes de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

También que se establecieron responsabilidades de autoridades municipales, estatales y a fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la estatal y militares del 27 y 48 Batallón de Infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, “incluso altos mandos implicados directamente en la desaparición de los jóvenes”.

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El tercer avance que observó, es el considerar el ataque “a gran escala” contra las víctimas, el cual se perpetró en varios escenarios de Igual: en el crucero de Santa Teresa, Periférico Norte, Palacio de Justicia y otros; mientras la agresión a Julio César Mondragón ocurrió en otra parte.

Dicha simultaneidad de áreas donde se perpetró la agresión, señaló, dio pie a que participaran varios actores estatales y no estatales, a diferencia de lo establecido por los peritajes anteriores, los cuales establecieron un punto determinado para la detención de todos los estudiantes. 

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“Ha quedado evidenciado que los estudiantes se estuvieron moviendo en distintos lugares y entonces, hubo la capacidad de los agresores de ocupar todo este espacio, estamos hablando de casi toda la ciudad de Iguala y la periferia. Se necesitó una operación de gran escala para poder agredir a los estudiantes”, explicó el abogado.


Rosales Sierra consideró necesario pasar a un segundo nivel de corroboración científica para afirmar si efectivamente los normalistas están muertos.

ARM

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