Los encargados de la construcción de la Línea 12 del Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez y Moisés Guerrero Ponce, denunciaron penalmente a Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México.

El extitular del Proyecto Metro y el exdirector de construcción de obras civiles, consideraron que se utilizaron ilegalmente atribuciones y facultades al contratar con fondos públicos destinados otros rubros a la empresa  DNV, encargada del dictamen sobre el desplome el pasado 3 de mayo en la Línea Dorada.


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La denuncia la presentaron el pasado 17 de agosto ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

De acuerdo a los ex funcionarios, la firma noruega no está especializada en análisis forenses, además, indicaron, PC no tiene facultades relacionadas con la contratación de peritajes.

"Su función es prevenir y atender la eventualidad de un desastre, así como denunciar ante la autoridad competente la acciones que generen daños, pérdidas o perjuicios a la vida, bienes y entorno de la población", argumentan en la querella.


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Asimismo señalaron que fue un ente no facultado quién contrató directamente a la empresa europea para hacer el referido dictamen, por lo que consideraron que Urzúa se extralimitó en sus facultades "ejerciendo acciones que no le corresponden".

En la demanda también señalan a Jesús Ramos Cedillo, director ejecutivo de administración y finanzas; y a Rafael Humberto Marín Cambrains, como probables responsables de la contratación ´ilegal´ de la empresa.

Al momento de la contratación del personal de DNV, las autoridades capitalinas destacaron su experiencia de más de 150 años en administración de riesgos, análisis forense y causa raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas.

Sin embargo, Horcasitas y Guerrero acusaron que estas afirmaciones son falsas, pues advirtieron la falta de información sobre estos temas forenses o de riesgo en la página de DNV y por lo tanto no acreditan la experiencia indicada.


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El contrato que firmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil con la empresa DNV, ascendió a 26 millones 232 mil pesos -según versiones periodísticas-, 30 por ciento más de lo informado por la titular de la dependencia capitalina.

Por ello, los demandantes solicitaron se cite a declarar a Myriam Urzúa, a Jesús Ramos Cedillo, a Rafael Humberto Marín, así como al director general de DNV México, Eckhard Hinrichsen y a Ausencio López Ramírez, representante legal de la firma en el país.

ARM

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