Especialistas advirtieron de riesgos en materia de
derechos humanos
en caso de que la
Guardia Nacional
se mantenga como el cuerpo encargado de la
seguridad pública
a nivel nacional.
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Este martes, en el
Senado
se avalaron por unanimidad los dictámenes de las
cuatro leyes secundarias
de la
Guardia Nacional,
al definir que sus integrantes (muchos de los cuales procederán de fuerzas castrenses) quedarán bajo disciplina,
cadena de mando
y fuero civil.
Durante la conferencia internacional "
Seguridad ciudadana: la vía civil
", especialistas recordaron que la intervención militar en la
seguridad pública
ha estado marcada por
uso excesivo de la fuerza
, opacidad en el manejo de la información de operaciones y resultados, aumento de homicidios, además de múltiples violaciones a
derechos humanos.
Recordaron que la formación de los elementos castrenses dista de la que recibe un
policía civil
y carece de preparación para prevenir, erradicar y castigar el delito.
"Los señalamientos que hay en contra del Ejército son muy grandes: cometen actos de tortura, cometen actos de desaparición, de ejecuciones arbitrarias. ¿Qué podemos esperar a la luz de la evidencia disponible?: el papel del Ejército no ha cambiado en cuanto a cometer graves violaciones a derechos humanos. Estamos en un panorama en donde al menos los próximos cinco años vamos a tener una continuidad del Ejército en las calles", dijo Lucía Chávez, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En el informe,
"Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar"
, presentado en el marco de la conferencia, advierte que el resultado de los sexenios de
Felipe Calderón
(2006-2012) y
Enrique Peña Nieto
(2012-2018) no sólo vieron agudizada la violencia, como resultado de una estrategia de seguridad militarizada, a la que se le está dando continuidad con la
Guardia Nacional,
sino que también se amplió a diversos estados del país.
Los
homicidios dolosos
durante este lapso aumentaron más del doble, con un total de 34 mil. En el mismo tiempo, el número de
policías militares
desplegados creció de seis mil 145 elementos a 26 mil 366.
"No hay evidencia sólida de que estas políticas militarizadas lleven a un mayor nivel de seguridad, a una seguridad sostenible y con beneficios para la población", concluyó Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prohd).
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