En

Los Altos de

Chiapas

la violencia se ensaña con las

comunidades indígenas

que son víctimas de

desplazamientos forzados,

homicidios, desapariciones, hostigamiento, trasiego de drogas y tráfico de armas cometidos por grupos

paramilitares.



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Estos delitos ocurren prácticamente al amparo de las autoridades tanto federales como estatales, que las ignoran y olvida generar acciones que garanticen la tranquilidad de las

comunidades afectadas,

denunciaron organizaciones defensoras de

derechos humanos.



En entrevista con

El Big Data

, Manuel Pérez, miembro de la asociación

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

, señaló que en

Chiapas

de enquista una

crisis humanitaria

debido a los escenarios de violencia señalados.


"Vivimos una crisis. Ahora, especialmente en el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, hay una situación crítica, la gente dice que no tiene comida porque no pueden ni salir a trabajar en el campo por esta situación", comentó.

"Ha habido desplazamientos. En otros pueblos también ha habido muertos en los últimos meses, pero el gobierno no ha hecho gran cosa, muchas partes no los escucha, no les hace caso, los ignoran. Creemos que es una situación muy grave y tensa que se está viviendo en esas comunidades y pueblos indígenas, mayoritariamente tzotziles", abundó.


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Foto: Red TDT[/caption]



Entre los asesinatos recientes se registró el de

Ignacio Pérez Girón

, síndico municipal de

Aldama,

cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de mayo en la carretera federal

San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez

, dos días después de que fue reportado como

desaparecido,

según informes de organizaciones locales.



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Además de

asesinatos,

familias de las comunidades como Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, en el municipio de

Aldama

son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de estos

grupos armados

.


"Los pobladores mencionan que los paramilitares son contratados de otros municipios cercanos y todos estos movimientos son para desestabilizar esa región para fines de drogas y armamentos. Se ha corroborado que incluso usan armas exclusivas del ejército", apuntó Pérez.


-Despojados de su hogar-


En los últimos meses al menos 10 mil personas han sido

forzadas a abandonar sus hogares

debido a la violencia que afecta a municipios de

Los Altos

de Chiapas

: 5 mil originarios de Chalchihuitán, 2 mil de Aldama, mil de Chenalhó y alrededor de 2 mil del municipio de San Juan del Bosque.


"Quienes sufren son principalmente mujeres y niños. Viven con bastante temor, con bastante miedo. Cuando salen a trabajar no saben si podrán regresar a su comunidad y con su familia porque está permanentemente los disparos, día y noche", narra el defensor, que acompaña a las comunidades.


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Foto: Comunicadores comunitarios de Primero de Agosto[/caption]



Para

refugiarse de la violencia

, los pobladores migran a comunidades aledañas dentro de sus propios municipios si encuentran mejores condiciones, pero, si no, incluso son

desplazados

a zonas montañosas para resguardarse. En diciembre de 2017, el alcalde de Chalchihuitán informó que cuatro niños indígenas habían muerto de hambre y frío por estas circunstancias.



En un video difundido entonces en

Facebook,

el funcionario pedía apoyo humanitario "Muchos

desplazados

siguen durmiendo hasta ahorita en el monte, en las montañas, en las cuevas. Niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos están sufriendo”.


"No hay medicamentos, no hay cómo trasladar a los enfermos a San Cristóbal. Hemos tenido problemas graves de salud", abundó.


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Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas[/caption]


-Oídos sordos-


Aunque organizaciones han tenido audiencias con la

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

, encabezada por

Alejandro Encinas,

sostienen que las medidas acordadas han sido insuficientes para terminar con el conflicto de fondo, pues los

paramilitares

siguen operando con impunidad, comunidades enteras están en indefensión y las ejecuciones y desapariciones siguen.


"El Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores", sostuvieron en un comunicado conjunto, publicado la semana pasada.

"Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”, abunda el documento.


Además de

Serapaz

, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas

(DESMI),

el Centro de Derechos de la Mujer de

Chiapas

AC

(CDMCH),

el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. y más de 80 organizaciones de la Red TDT solicitaron al gobierno del presidente,

Andrés Manuel López Obrador

, garantizar una vida de paz y justicia para los afectados.



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