Diputados opositores de la Cuarta Transformación (4T) exigieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación iniciar una investigación para conocer a los responsables de alterar el informe de la consultoría PriceWaterhouseCoopers (PWC) sobre la viabilidad del Tren Maya.

Legisladores del  Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano exhortaron a las dependencias investigar a quienes resulten responsables por la omisión de datos en el reporte realizado por PWC. 

Información publicada por El Universal asegura que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) eliminó datos en los informes que encargó a PWC y mismos que tuvieron un costo de 32 millones de pesos. 


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Estos detalles suprimidos por la dependencia eran parte del ´análisis costo beneficio´ que se presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que determinara si el proyecto era viable o no. 

Asimismo, se detalla que en las partes borradas, los especialistas no recomendaban construir el tramo ´Selva 2´, ya que la zona registraba dificultades técnicas, sociales y ambientales.

Por lo anterior, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, comentó que todo servidor público está obligado a actuar bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, establecidos en el artículo 134 constitucional, por lo que el incumplimiento de uno de estos principios, debe iniciarse una auditoría de oficio.


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En tanto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, aseguró que al presidente López Obrador no le importan las alertas sobre las fallas técnicas que podrían poner en riesgo el buen funcionamiento del Tren Maya e incluso la vida de los pasajeros. 

Agregó que estas irregularidades comprueban la imposición del Gobierno federal para la construcción de este proyecto, y aseguró que está decidido a apresurar el funcionamiento de esta obra a costa de lo que sea.

Por su parte, la coordinadora de MC en la Cámara Baja, Fabiola Loya, advirtió que el próximo 30 de junio expondrá este hecho en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. 

"Vamos a exigir que quien entró en funciones la Secretaría de la Función Pública no perpetúe las investigaciones que hay en curso, debe poner manos a la obra, así como la Auditoría Superior de la Federación, se debe castigar a quienes resulten responsables y así lo pediremos dentro de la comisión permanente, alzaremos la voz y exigiremos que no haya impunidad", declaró.

GLE.

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