La Junta de Coordinación Política (

Jucopo

) del Congreso de la Ciudad de México tiene en vilo a 77 familias mexicanas, luego de que decidiera retener los sueldos a igual número de trabajadores de este órgano y quienes en su mayoría tienen entre 5 y 24 años trabajando ahí.



Fue el 2 de enero del presente año cuando personal legislativo les retiró sus tarjetas de asistencia en sus respectivas áreas de trabajo y les informó verbalmente que los habían despedido.



El argumento era que estaban contratados de manera ajena a lo establecido, en referencia al esquema escalafonario y las condiciones de trabajo del actual Congreso.


“Dicen que somos aviadores. Tal cual nos han llamado los legisladores, nos han dicho que también estamos violando un escalafón dentro del sindicato del Congreso CDMX”, refirió Adriana Damián en entrevista con El Big Data.


La mujer, quien ha laborado en el recinto desde 1999 y principalmente en el área de comunicación social, sostuvo que si bien existe el escalafón mencionado, en 20 años de trabajo en el lugar nunca se llevó a cabo y ahora resurgió por un grupo minoritario que pidió a los legisladores el despido de los 77.



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Otro argumento para ‘azuzar’ a los diputados fue que los ahora afectados eran operadores políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa, además de que su basificación representaba un boquete presupuestal.



No obstante, Damián precisó que la basificación que se hizo recientemente fue para darles mayor seguridad laboral, porque de esta manera se reconocía su trabajo por los años dedicados, es decir que no se crearon espacios nuevos, sólo se les reafirmó estabilidad.


-Omisión legislativa-


Detalló que los legisladores responsables de esta decisión nunca se detuvieron a revisar caso por caso para ver si el señalamiento era verdad.


“No pueden venir a decir que somos aviadores, que somos reflejo de la corrupción, porque no es cierto. Nosotros estuvimos trabajando allí todo el tiempo”, refirió al detallar que ella siempre atendió a los reporteros de los distintos medios de comunicación, así como a las peticiones de los 66 diputados de las diferentes fracciones partidarias.


Por ello Damián y el grupo de trabajadores que desconocen su destino en el recinto legislativo demandan que se analicen los casos para que así puedan corroborar quien es un aviador o quien operador político.



Ante esta situación, diputados locales del PRD y PAN han sostenido discusiones con Morena, para exigir la revisión de este caso, en el que los afectados no han podido cobrar sus sueldos.



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Además, tampoco se les ha notificado su despido o qué proceso se está desarrollando con los 77 trabajadores.



Explicó que la Oficialía Mayor del Congreso ya revisó su caso y les dijo que no había nada que hacer, por lo que les recomendó irse a tribunales. Sin embargo, no hay ningún documento que avale que ya los despidieron.



Detalló que el miércoles la coordinadora del Partido del Trabajo, Circe Camacho, les dijo que ella les mencionó que nunca firmó el despido de nadie y que a ella lo único que les dijeron fue que ganaban entre 35 y 50 mil pesos.


-Demanda Laboral-


La opción de una demanda laboral tampoco procede por el momento, comentó, al precisar que no cuentan con un documento que les refrende su despido.



Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Margarita Saldaña Hernández, se comprometió a instalar una mesa de trabajo para revisar, de forma individual, las condiciones actuales de los 77 trabajadores que penden de un hilo.



Damián también indicó que tienen el respaldo de otro grupo perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual también exige la revisión de caso por caso, porque el problema tiene tintes políticos internos del gremio sindical.



“Allí hay una serie de factores que al final pasaron a destruir familias, proyectos de vida. Tenemos compañeras que son madres solteras y no sabes la situación por la que están pasando [...] Es demasiada presión”.



La legisladora del PAN argumentó que esta acción violenta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y subrayó que las razones recurridas por la Junta de Coordinación Política, son contrarias a la legislación que protege y salvaguarda sus derechos y garantías.


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