La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo general y particular, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con 266 a favor y 205 en contra, ahora el presidente de la República ya podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

De esta manera, el documento se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Sobre el procedimiento de juicio político, el ordenamiento legal especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Los legisladores destacaron que esta ley es "un paso firme para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la ley suprema, y que brindaba protección y privilegios al presidente de la República y, al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".

No obstante, el Partido del Trabajo (PT) - a través de Gerardo Fernández Noroña- añadió una reserva en la que indicó que "las sesiones para estos juicios, sean presenciales".

Es decir que se buscará modificar los artículos 19 y 33 del decreto, para establecer que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia. las sesiones "sean siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas"

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