El decreto presidencial para blindar las mega obras del Gobierno federal deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos sociales que se sientan afectados.

Así lo consideraron expertos, luego de que la tarde de ayer se publicara en el diario oficial de la federación un decreto presidencial en el que se establece que las obras del Gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional.

Los sectores a los que se refieren a son comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energéticas, puertos y aeropuertos.

Constitucionalistas, analistas y expertos en políticas públicas advirtieron que el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura del Gobierno tendrán consecuencias muy negativas en materia de transparencia y Estado de derecho.

Y es que deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos sociales que se sientan afectados por dichas obras.


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Cabe mencionar que algunas de las obras de infraestructura del gobierno que han sido obstruidas o demoradas por amparos y suspensiones promovidas por diversos grupos sociales y políticos son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que se encuentra estudiando los alcances del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pues al considerar esos proyectos como tema de seguridad nacional, una de las causales de reserva de información prevista en la Ley Federal de Transparencia, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.

Información de El Universal

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