La inhabilitación de 10 años contra

Emilio Lozoya

es ilegal y tiene una falla esencial de origen porque la SFP no es competente para sancionar faltas administrativas graves, afirmó su abogado Javier Coello Trejo.



En un posicionamiento, la defensa del ex director general de Pemex indicó que el procedimiento legal debió ser turnado por la

SFP

al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).



Indicaron que dicho organismo es la autoridad que

sí tiene atribuciones

para castigar este tipo de conductas.



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"La autoridad de Función Pública es incompetente para resolver el presente asunto, pues todas las disposiciones legales desde la Constitución Política hasta la última ley secundaria señalan que la autoridad competente para resolver una falta administrativa grave es el TFJA", precisó el defensor.


En el texto, refirió que, en particular, la Secretaría de la Función Pública (SFP) fundamenta su sanción en los

Artículos 208 y 209

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).



De acuerdo con el posicionamiento, dado a conocer por el diario

Reforma,

recalcó que el este último artículo señala que

la SFP

sólo debe substanciar el procedimiento administrativo y turnarlo al tribunal para su resolución.



De acuerdo con el litigante, la SFP dice

"amañadamente"

que Lozoya está confundido en cuanto a la aplicación de la ley, pues

el TFJA

se declaró incompetente y por eso la SFP siguió conociendo del caso, hasta resolverlo.


Basado en supuestos


Sobre la conducta que le imputan a su cliente, explicó que la citada secretaría se basó en una

'supuesta'

omisión del ex funcionario.



Dicha falta consiste en

no haber informado

de una cuenta de inversión a nombre de su mamá.



En relación al señalamiento de la Función Pública, de que la firma de Lozoya Austin aparece en documentos bancarios relacionados con esa cuenta, Coello advirtió que es una afirmación no probada y que constituye una

"notable violación a los derechos humanos".



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"Dicha información deviene de una apreciación meramente subjetiva y sin elemento de prueba idónea que acredite que las supuestas firmas que calzan los documentos bancarios pertenezcan a Emilio, pues en ningún momento del procedimiento se llevó a cabo prueba pericial alguna en materia de grafoscopía", añadió.


Lozoya presentará en breve un juicio de nulidad ante el TFJA, contra esta inhabilitación de 10 años para desempeñar cualquier cargo público federal, derivado de la inconsistencia que constituye la tarjeta bancaria de su madre en sus

declaraciones patrimoniales.



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