La Comisión Nacional de Derechos Humanos (

CNDH

) atrajo el caso de la

saxofonista

María Elena Ríos Ortíz, atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en

Huajuapan de León

, Oaxaca.



Así mismo emitió

medidas cautelares

dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud federal, al Gobierno de Oaxaca, así como a la Fiscalía General de Justicia local.



El organismo dio a conocer lo anterior en un comunicado, en el que también expresa que las medidas son con el propósito de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la víctima y sus familiares.



Una historia de impunidad



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (

FGEO

) informó el 24 de diciembre de 2019 de la detención del presunto agresor de María Elena, quién le roció ácido y provocó quemaduras severas en la cara y el cuerpo.



Días más tarde del ataque, familiares de Ríos Ortíz acusaron al ex diputado y empresario de la región mixteca de Oaxaca,

Juan Antonio Vera Carrizal

, de ordenar la agresión.



El político tramitó entonces un amparo con una fianza de tres mil 500 pesos, luego de su detención, con lo que pudo quedar en libertad.



En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares pidieron acciones contra el empresario, y manifestaron que la suspensión provisional por tres mil 500 pesos era ‘aberrante’.


...tenemos miedo ante la venganza de Vera Carrizal, por lo que por este medio lo hago responsable de todo lo que en su momento nos llegue a pasar, denunciaron.


Sin embargo, señalado como presunto autor intelectual del ataque, la Fiscalía estatal ofreció un millón de pesos como recompensa a quien aportara información para la captura del político.


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