La resolución de los Ministros y Ministra de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

sobre los fundamentales para hacer efectivos los derechos de las

personas con discapacidad

(PcD) es motivo de congratulación para el

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred)

.



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Dichos fundamentos abonarán en el acceso efectivo e igualitario de sus derechos en esta ciudad y garantizarán su titularidad haciendo además, posible su exigibilidad a través del acceso a la justicia.



La

Primera Sala de la SCJN

aprobó, por unanimidad, los

amparos

en revisión 1368/2015 y 2387/2018 a través de los que se reafirma el modelo social para entender la discapacidad.


Lo que inhabilita a las personas con discapacidad es incapacidad de la sociedad para crear un entorno incluyente y que el entendimiento de la discapacidad debe ser desde el enfoque social de inclusión y respeto absoluto a todos los derechos de las PcD, dicta el modelo.


En dichos asuntos, la Sala presentó diversos criterios sobre tres temas esenciales como la personalidad y capacidad jurídica de las PcD.



Es obligación del Estado mexicano hacer efectivo el artículo 12 de esta Convención, en el que se presenta el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y la capacidad jurídica de todas las

personas con discapacidad

.



En cuanto al acceso a la justicia es obligación de todas las personas juzgadoras hacer los ajustes razonables necesarios para que las

personas con discapacidad

accedan a la justicia.


Derechos de la PcD


De igual forma, se reconoció y resolvió que las personas juzgadoras deberán atender los ocho principios generales de los derechos de las personas por discapacidad:



  • Abordaje de la discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos

  • Mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad

  • Igualdad y no discriminación

  • Accesibilidad

  • Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas

  • Participación e inclusión efectivas en la sociedad

  • Respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana y

  • Respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad


También se trató la relevancia de la familia para PcD, el cual si es una controversia familiar en la que se pruebe la violencia denunciada, el juzgador además de decretar medidas de protección, reparación de daños y perjuicios a cargo de quien cometa los actos de violencia, deberá procurar la paz y orden familiar.



Finalmente, el Consejo enfatizó su exhorto para que todas las personas vivan en un entorno libre de violencia y sin discriminación, con derecho a la igualdad y a la no discriminación para todas las personas sin distinción alguna.



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LG

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