Por: Paola Ramos
Dos
tribunales
en materia administrativa en
Puebla
resolvieron esta semana que
jueces federales violaron derechos
de los
pueblos indígenas
al no admitir sus quejas en torno a la organización de la consulta pública para aprobar el
Proyecto Integral Morelos (PIM)
, realizada el 23 y 24 de febrero pasado.
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Ahora, las comunidades de
Huexca,
Jantetelco,
Amayuca,
Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian
Texoloc,
San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla lograron un revés a la una negativa previa, lo que da pie a la continuación del
proceso de amparo.
"Los quejosos se duelen de que la metodología empleada no cumple con los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)", se lee en la resolución del Segundo Tribunal Colegiado al respecto del desechamiento.
"La citada consulta y su resultado, sí crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en relación a los derechos de los quejosos a que sean tomados en cuenta en los proyectos inmersos en el Proyecto Integral Morelos", concluye.
Anteriormente, los juzgados Primero y Cuarto de Distrito con sede en
Puebla
desecharon dos amparos interpuestos por 8 comunidades de
Morelos, Puebla
y
Tlaxcala
contra la consulta impulsada por el Ejecutivo, alegando que las comunidades no tenían interés legítimo en la consulta y el proyecto, pese a ser las directamente afectadas.
Sin embargo, el
Primer Tribunal Colegiado
consideró también procedente la queja de los pueblos, pues advirtió que no existió una causal "manifiesta e indudable de improcedencia" para
desechar la demanda
pues el juez no hizo mención ni analizó las pruebas ofrecidas de los pueblos sobre las afectaciones de la consulta.
El
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
y el
Agua de Morelos
,
Tlaxcala y Puebla
celebró la resolución de los tribunales y acusaron una consigna de juzgados federales a negar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas afectados por el
Proyecto Integral Morelos
, pues cinco de ellos han emitido criterios que niegan su interés legítimo en la consulta y el proyecto.
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