El pleno de la Cámara de Diputados aprobó que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad y con ello, no prescriba nunca.

Con el dictamen se reforma la Ley General en materia de Desaparición Forzada, al Código de Justicia Militar, y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el cual obtuvo el aval por 470 votos a favor, cero en contra y una abstención.


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De esta forma, se considera a los autores del delito, no sólo a quienes cometan la desaparición forzada per se, sino también a los superiores jerárquicos cuando "hayan tenido conocimiento de que los subordinados, bajo su autoridad y control, estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente".

También se considerarán infractores a quienes hayan ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades relacionadas con el delito, y cuando no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o impedir que se cometiera una desaparición forzada.

Los responsables en el ilícito, purgarán una condena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual aplica para quienes omitan la entrega a la autoridad o familiares al niño o niña nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada.


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Asimismo para quien sustraiga o se apropie del niño o niña sometidos a desaparición forzada o cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada y oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de los niños.

105 mil 805 personas permanecen desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo al RNPDNL de la Secretaría de Gobernación.

Esta ley aplica para particulares, la persona o grupo de personas que priven de la libertad a una persona, se nieguen a reconocer dicha privación, oculten el paradero de la persona desaparecida para sustraerla de la protección de la ley.

En el caso de los servidores públicos involucrados, serán acreedores a sanciones administrativas para poder incorporarse a las funciones que le son propias, y deberán acreditar nuevamente los cursos necesarios para el desempeño de su cargo o comisión.


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La investigación, persecución, procesamiento y sanción de dichas conductas, "sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil”, aún cuando las cometa un militar en contra de otro elemento castrense.

También se ordena el fortalecimiento del Registro Nacional de Detenciones, una base de datos que concentra la información sobre las personas detenidas por delitos relacionados con desaparición forzada.

La diputada por Morena, Nelly Minerva Carrasco, señaló que entre los objetivos del dictamen está el de catalogar de lesa humanidad los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, además de señalar los casos donde los superiores jerárquicos sean considerados autores del delito.

 

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