Por unanimidad, en lo general, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el formato 3 de 3 contra la violencia para la elección de diputados federales 2020-2021.

La discusión se centró en considerar si el 3 de 3 de aplicaría en forma censal o a través de una muestra, debido a la carga del trabajo de las distintas áreas del Instituto, por lo que, con siete votos a favor y cuatro en contra, se determinó que se realice mediante una muestra. El proyecto original establecía que fuera censal.

El objetivo de este formato es la implementación se ajusta a la obligación contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos.


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La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y no Discriminación del INE, dijo que con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se busca inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal, esto es, la prevención de normas sociales relativas a la “violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“La incorporación de estos criterios tuvo su origen en un solicitud de la Cámara de Diputados y Diputadas, y de las Constituyentes de la CDMX a la Comisión de Igualdad Género y no Discriminación signada por diversas legisladoras del ámbito federal y local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de los derechos humanos y ciudadanas en general”, abundó.

¿Cómo será el procedimiento?

Durante el mes de abril, con posterioridad al registro de candidaturas, el grupo interdisciplinario realizará requerimientos a las diversas autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia de las 32 entidades federativas, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República; las fiscalías especializadas en delitos electorales de los estados; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y el Consejo de la Judicatura Federal.

Lo anterior, a fin de solicitar los antecedentes penales determinados por resolución firme, relacionados con delitos de violencia familiar y/o doméstica; cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; así como delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal y de violencia política contra las mujeres en razón de género de todas y todos los candidatos registrados.

Asimismo, durante el mes de abril se requerirá información sobre la calidad de deudor alimentario moroso determinado por resolución firme, a los registros estatales de las entidades federativas que cuenten con registro de personas deudoras alimentarias. En caso de no contar con ese registro, el requerimiento se hará a los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa.

En los casos en los cuales se obtenga evidencia documental que contravenga los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia; a través de las juntas locales cabeceras de cada una de las circunscripciones plurinominales y las juntas distritales, de inmediato, a fin de hacer valer su garantía de audiencia, se dará vista a la persona candidata con la misma, para que, en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba la documentación que considere oportuna para desvirtuar los hallazgos jurisdiccionales encontrados. Asimismo, se dará vista al partido político o coalición postulante en los mismos plazos y para los mismos efectos.

Una vez hecho lo anterior, durante el mes de mayo, el grupo interdisciplinario elaborará un informe que dote a la DEPPP de elementos objetivos que le permitan dictaminar el cumplimiento o incumplimiento del requisito del modo honesto de vivir y, en su caso, proponer al Consejo General proceder a la cancelación del registro. La fecha límite para realizar cancelaciones de registro será el 31 de mayo de 2021.

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