La alcaldía Benito Juárez informó que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra de la determinación del Gobierno de la Ciudad de México de suspender las atribuciones de la demarcación para realizar verificaciones administrativas a las construcciones en vías primarias.

Y es que la administración capitalina emitió una serie de facilidades administrativas a los desarrolladores inmobiliarios para construir en vías primarias y de esa manera reactivar la economía, pero en dichas facilidades se cancelaron las funciones de las alcaldías.


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El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías señala puntualmente las facultades que tienen los alcaldes en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos:

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción;

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable.

Por tanto, argumenta el alcalde de BJ, Santiago Taboada,  el acuerdo no sólo representa una invasión a las facultades exclusivas que tienen los alcaldes en esta materia sino también un potencial riesgo de que los actos administrativos que realiza la alcaldía puedan ser impugnados sustentando la acción legal en el "otorgamiento" de una autorización emitida por el Gobierno de la Ciudad de México.

Adicionalmente, contrario a lo que se menciona, el acuerdo no representará una simplificación de los trámites en materia de obra, por el contrario, será uno adicional al que originalmente los constructores tenían que presentar.

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