La Ciudad de México se mantiene por sexta semana en semáforo naranja debido a los casos de Covid-19 y para los comerciantes establecidos al interior del Sistema de Transporte (STC) Metro este escenario los tiene al borde de la quiebra, ya que llevan cuatro meses con las cortinas cerradas.

Y es que desde el 2 de abril la subdirección general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un acuerdo donde determinó suspender temporalmente los comercios no esenciales al interior de la red.

Posteriormente, el 17 de abril publicó otro acuerdo donde condonó el pago de las contraprestaciones por el uso de los locales durante abril y se prorrogó la suspensión de actividades hasta el 30 de mayo.

Pero ante el alargamiento de la pandemia, el 16 de junio la subdirección determinó condonar el pago del mes de junio y hasta que se levante la emergencia sanitaria; también decidió mantener el cierre de los negocios hasta que la ciudad cambie a semáforo amarillo.

Esta decisión tiene por lo menos a poco más de 300 comercios y módulos establecidos dentro del Metro en riesgo de quebrar, ya que los demás gastos de estos comerciantes siguen corriendo.

Así lo expone en entrevista con El Big Data Roberto Victoriano Ortiz, presidente de la Asociación de Permisionarios del STC, pues de abril a junio, estima, las pérdidas económicas por el cierre ascienden a más de tres millones de pesos.

“Tan sólo en nuestro grupo, mil 500 personas se quedarán sin empleo, más los empresarios van a quebrar sus negocios”, advierte.

Pero esos puestos de trabajo no son sólo números. Entre los más de mil empleos que se perderían está el de Diana Ponce, de 25 años y quien es madre soltera.

En entrevista con esta casa editorial cuenta que para sostener a su hijo desde hace tres años trabaja en un local que vende bisutería dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC)- Metro y que forma parte de la Asociación de Permisionarios del STC.

Si bien durante cuatro meses recibió su salario íntegro, ahora su patrón les externó que si el cierre se extiende será complicado poder pagar su salario y no sólo eso, será complicado volver a abrir el local.

“Son ya cuatro meses y no soy la única empleada. De mí depende mi hijo, mi mamá y obviamente tengo que pagar una renta”, expone con preocupación.

Diana teme porque antes de encontrar su actual trabajo deambuló en puestos donde no recibía un buen pago y donde los horarios no se respetaban.

Para Victoriano Ortiz, presidente de la Asociación de Permisionarios del STC, la situación es insostenible y sólo tiene una petición para el Metro: que les permita aperturar y en contraparte ellos, dice, cumplirán todas las medidas sanitarias que se les imponga.

“En el interior del Metro no hay ningún movimiento económico y con esto ya no da para poder pagarle a los empleados”, señala.

La Asociación de Permisionarios del STC se compone en un 50% de comercios de accesorios de telefonía celular y venta de líneas telefónicas; el 25% de alimentos, de los cuales tres permanecen abiertos con medidas de seguridad e higiene; y otro 25% de abarrotes, minisuper o promoventas. Muchos de los concesionarios, incluso, pagaron su renta mensual hasta diciembre de 2020.


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En su defensa, argumenta, los pequeños comercios de la ciudad y los tianguis han aperturado en semáforo naranja, incluidos los centros comerciales y las tiendas departamentales.

Por ello el líder de permisionarios considera que fue unilateral la decisión del subdirector general de Administración y Finanzas del STC de cerrar los comercios no esenciales hasta que la Ciudad de México pase a semáforo amarillo.

Aunado a que, denuncia, las autoridades del Metro les han puesto “muchas trabas” para aperturar los locales donde ofertan líneas telefónicas.


“Siempre nos hemos dedicado a esto y nos dicen que tenemos forzosamente llevar una carta de una telefónica como Telcel, Movistar o AT&T que diga explícitamente que somos distribuidores autorizados cuando esa es una situación que en ninguna norma viene”, cuenta.

Diana Ponce está consciente de que solicitar un apoyo al Gobierno es muy difícil, pero tiene una petición: que las autoridades del Metro les permitan aperturar respetando todas las medidas sanitarias.

“No pido algo regalado, es trabajar por el sustento de nosotros y de nuestra familia. Gano aproximadamente dos mil 300 pesos a la semana y yo ese sueldo no creo encontrarlo en otro lugar”, señala.

La situación es tan complicada, agrega Roberto Victoriano Ortiz, que ni siquiera la condonación de la renta de sus locales les alcanza para pagar los salarios de sus trabajadores.

Mientras que los comerciantes ambulantes que se encuentran afuera de las estaciones siguen vendiendo su mercancía. Por ejemplo, dice, está el caso de la terminal Observatorio donde afuera de la estación se mantienen los puestos de comercio.

Esta casa editorial solicitó entrevista con Miguel Ángel Monroy Aranda, subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo; sin embargo, hasta la publicación de este trabajo no fue otorgada.

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Denuncian represalias

Roberto Victoriano Ortiz, presidente de la Asociación de Permisionarios del STC, asegura que en represalia por denunciar ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México la falta de respuesta de las autoridades del Metro, la Sugerencia de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR´s) les retiró la madrugada del 4 de agosto y sin justificación 20 módulos de telefonía celular.

Detalló que se trató de módulos ubicados desde la terminal Cuatro Caminos hasta la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

“Fue un robo que ya denunciamos ante el Ministerio Público. Es una represalia porque denunciamos nuestra situación”, agregó.

El oficio enviado el pasado 27 de julio por la Asociación de Permisionarios del STC a la jefatura de Gobierno denuncia la crisis en la que se encuentran por el cierre de sus locales pese a que la ciudad se encuentra en semáforo naranja

Sin embargo, el escrito fue turnado al STC-Metro, por lo que consideran que como represalia se les expropió sus módulos de trabajo.

Ahora el próximo 7 de agosto tendrán a las 11:00 horas una reunión en Secretaría de Gobierno, pero advirtieron de no encontrar una solución se manifestarán públicamente para hacerle llegar su petición a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

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