México obtiene 5° lugar en Salud y Derechos Sexuales: ONG

12 diciembre 2017 9:30 pm

México se encuentra entre los primeros 5 países respecto al cumplimiento de los compromisos, con un puntaje de 69%, asumidos por el Gobierno en materia de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Consenso de Montevideo (Conferencia Regional Población y Desarrollo) en 2013, reveló la plataforma Mira que te miro.

Elaborada por una serie de organizaciones civiles como Balance A.C., Católicas por el Derecho a Decidir, Mexfam, ReDefine México, GIRE, entre otras. Esta plataforma tiene como objetivo dar seguimiento a los compromisos en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos adoptados por 18 países de Latinoamérica y el Caribe.

El monitoreo realiza una revisión exhaustiva del marco legal y normativo en materia de Derechos y Salud Sexual y Reproductivos, como resultado de ese trabajo se identificaron varios avances y desafíos en México.

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Se destacan los siguientes aspectos: El progreso en los temas de derechos sexuales y reproductivos, laicidad y servicios amigables para jóvenes, y los desafíos pendientes en educación integral en sexualidad, rendición de cuentas y atención especializad a víctimas de violencia de género.

En cuanto a las áreas de oportunidades, las organizaciones destacan que hace falta fortalecer el principio de laicidad en la función pública.

El acceso a métodos anticonceptivos modernos está garantizado, sin embargo es necesario vigilar el abasto suficiente y oportuno en todos los estados del país.

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Es necesario incrementar el acceso y difundir el acceso a servicios de SSyR para adolescentes y poniendo énfasis en menores de edad.

Es urgente que se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo por voluntad de la mujeres.

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También deben implementarse políticas educativas integrales en materia de sexualidad en todos los planes de estudio para que no se siga abordando de manera desarticulada.

Si bien este porcentaje parece bueno para una primera medición, debe recordarse que este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático y no mide la implementación de los mismos.

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