[OPINIÓN] El plagio

Nos urge avanzar en esta materia y trabajar coordinadamente con las instituciones correspondientes para que la justicia no sea una excepción en el Sistema Mexicano

"¿Se acabó la guerra contra el narco?", preguntó un periodista casi al concluir la mañanera del 30 de enero. "Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz", respondió el titular del Ejecutivo federal, añadiendo que "la función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos".

Este pésimo guión fue parte del inicio del desarrollo de la trama que contendría capítulos en nuestra historia como país, de la talla de la militarización, la captura y después orden de liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y más recientemente el atentado contra el Secretario de Seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, donde la ausencia de la máxima institución para la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos ha brillado por su ausencia: la Fiscalía General de la República (FGR) .

Cada escena que durante año y medio nos ha tocado presenciar desde distintos ángulos, cargada de violencia y de vacíos institucionales, nos hace recordar capítulos pasados de administraciones pasadas que nos da la sensación de vivir un gran plagio de una lamentable historia política. Entre los más tristes episodios que podemos recordar, se encuentra la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, y es uno que nos está tocando repetir.


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La FGR es, supuestamente, un órgano público autónomo que busca "otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general." Sin embargo, su objetivo parece lejos de siquiera iniciar.

El 10 de enero del año 2014 se publicó el decreto que creaba la FGR, la cual sustituiría a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que por su diseño estaba subordinado al titular del Poder Ejecutivo Federal; el 14 de diciembre de 2018 fue publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía y el 18 de enero del 2019, en medio de una fuerte demanda ciudadana y legislativa para evitar la imposición de un "Fiscal Carnal" al presidente, se designó a Alejandro Gertz Manero como su titular.

De acuerdo con los resultados de una investigación presentada por la organización México Evalúa a casi un año de la transición de PGR a FGR los casos rezagados aumentaron en 6.3%, y la efectividad en la resolución de los casos judicializados disminuyó al pasar de 10.1% a 8.4% con respecto al año 2018; aunque la confianza en el Ministerio Público federal incrementó en 60.9% en comparación con 57.3% pasado, confianza institucional resultado de una propaganda política efectiva de la que ya he hablado en columnas anteriores.


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Aunado a esto, la agencia de comunicación Animal Político destacó que durante el año 2018 se habían detenido por presunta delincuencia organizada a 552 personas y 51 habían sido vinculadas a proceso, para septiembre del año 2019 sólo se habían detenido a 236 y vinculado a 10. En números, podemos observar que la Fiscalía no avanza, pero en otros números la violencia nos demuestra que ella sí y sin importar las condiciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNP), durante estos primeros 5 meses del 2020, en medio de una pandemia y un periodo de confinamiento recomendado por medidas sanitarias, el país ha registrado 18 mil 027 homicidios en comparación con los 18,194 que registramos durante el mismo periodo, pero del año 2018. No muy lejos una cifra de otra.

Varios pendientes rondan a la FGR y no hablo sólo de la conducción de investigaciones importantes para el país y de su efectividad institucional, sino de obligaciones que no ha cumplido tales como la designación del Consejo Ciudadano que el Senado debe aprobar o la definición de prioridades del Plan de Persecución Penal.

Nos urge avanzar en esta materia y trabajar coordinadamente con las instituciones correspondientes para que la justicia no sea una excepción en el Sistema Mexicano. Nuestra responsabilidad desde el Poder Legislativo de vigilancia y contrapeso a los otros dos poderes juega ya una importante posición para denunciar el plagio que estamos viviendo y escribir una nueva historia del México democrático que todas y todos anhelamos.