[OPINIÓN] CNDH: de la imposición al fracaso

El pasado jueves 10 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sostuvo una reunión con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dialogar sobre la crisis institucional por la que atraviesa dicho organismo.

El encuentro fue por demás decepcionante. En principio, porque se trató de una reunión "a puerta cerrada", cuando debió ser todo lo contrario: un espacio de rendición de cuentas público, transparente y abierto a la ciudadanía.

Contradictoriamente, hace nueve meses, en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, la maestra Rosario Piedra Ibarra nos aseguró que la transparencia sería una de las premisas de su actuación al frente de la CNDH.

Ese 22 de enero, la presidenta del organismo cuya misión es la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos también dijo que se encontraba resolviendo y atendiendo sin ningún retraso ni contratiempo las solicitudes y quejas que le habían llegado en un par de meses; afirmando que los resultados estaban a la vista.

Ese mismo día, señaló que, en un año de la administración anterior, se habían emitido escasas 99 recomendaciones –120 si contamos las recomendaciones generales y por violaciones graves–, las cuales, estaban lejos de representar un resultado significativo para las víctimas; y que, además, hacían muy costosa cada recomendación emitida.

Desafortunadamente, los resultados de esta nueva gestión, a 10 meses de que la maestra Piedra asumió su titularidad (7 de noviembre de 2019), la CNDH ha emitido 44 recomendaciones –incluyendo recomendaciones generales y por violaciones graves–, entre las cuales, tal parece que se olvidaron importantes casos.

Por ejemplo, los abusos cometidos por la Guardia Nacional no sólo contra ciudadanos mexicanos, sino también contra migrantes centroamericanos en tránsito por nuestro país; los agravios que padece el personal hospitalario en el contexto del Covid–19; la falta de medicamentos en los nosocomios públicos y el cobro por tratamientos que deberían ser gratuitos; así como los constantes ataques que, desde la presidencia, se lanzan contra el gremio periodístico y personas defensoras de derechos humanos, entre otros casos igualmente graves.

Al respecto, vale la pena recordar que, durante el pasado mes de agosto, habitantes de Torreón denunciaron abusos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el marco de la visita del titular del Ejecutivo federal. En días recientes, la ejecución extrajudicial de una pareja de agricultores en Chihuahua ha causado indignación nacional, sobre todo, luego de que el presidente declaró que se actuó "muy bien" en el operativo.

Frente a estas injusticias, la CNDH ha respondido con lentitud, en el mejor de los casos, con su total omisión en el peor.

Los abusos cometidos contra migrantes centroamericanos en centros de detención no han ameritado una recomendación de la Comisión. Ni siquiera han logrado ser documentados. En una entrevista, su titular señaló que sólo había quejas "superficiales" al respecto, por lo que bastó con una condena pública contra todo acto de violencia en contra de personas migrantes.

Pero los números nunca mienten: hasta enero de este año, la CNDH registraba 32 quejas contra la Guardia Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, no hemos visto una sola recomendación para este cuerpo.

Tampoco se ha pronunciado sobre las reformas aprobadas por el grupo mayoritario en el Congreso, que representan una amenaza a los derechos humanos en México, tales como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o las afectaciones a los derechos digitales de las personas, en el marco de la legislación sobre protección de propiedad intelectual.

Frente a estas reformas, la Comisión ha guardado silencio.

Lo mismo sobre la violencia contra las mujeres. No podemos olvidar que, sobre el lamentable caso de Ingrid Escamilla, la Comisión tardó cinco días en pronunciarse y hacer un llamado a los medios de comunicación para evitar revictimizar a las víctimas de feminicidio.

Tras la toma de una de las sedes de la CNDH por parte de un grupo de víctimas y activistas, en lugar de defenderlas y ofrecer un espacio de diálogo, la titular decidió cuestionar sus causas y sus protestas, con tal de evadir responsabilidades por su falta de capacidad para responder a las exigencias de las madres y familias de las víctimas.

En fin, durante la reunión con senadoras y senadores, la presidenta fue incapaz de hablarnos sobre alguno de estos casos, y solo se enfrascó en un ejercicio de rendición de cuentas sobre recursos que nadie le solicitó.

Salió del Senado escoltada por legisladores oficialistas, rehuyendo a la prensa tal como lo hizo con nuestras preguntas sobre las presuntas plazas otorgadas a militantes de Morena o personas cercanas a figuras como Alejandro Solalinde; sobre el mal desempeño de su gestión o sobre su indiferencia frente a casos graves.

En este contexto, resulta evidente que la titular de la CNDH ha fracasado en su objetivo por fortalecer la institución; que lejos de fortalecer su credibilidad y de actuar cerca del pueblo, se ha ganado la total desconfianza de un amplio sector de la sociedad; y que ahora lo único que la protege es un discurso presidencial encargado de criminalizar a las víctimas del Estado, negar la crisis de derechos humanos que padece el país y justificar los desaciertos de su gobierno culpando a los del pasado.

Hoy su labor ha decepcionado más de lo que decepcionó su designación. Y eso ha tenido consecuencias. En enero, le señalé a la maestra Piedra Ibarra que sería muy difícil borrar la imagen violenta de su nombramiento y la ilegalidad del proceso que lo hizo posible; el cual, provocó la salida de distinguidas personalidades de la CNDH como Mariclaire Acosta, Alberto Athié, María Ampudia González, Angélica Cuellar, María Olga Noriega; y más recientemente la de José de Jesús Orozco, quien la acusó de: obstrucción a las atribuciones del Consejo Consultivo; omisiones; así como desapego e inobservancia del marco legal aplicable.

Por eso su gestión debe terminar ya. Porque ni la transparencia, ni la austeridad ni la rendición de cuentas han sido ejes rectores de su trabajo. Porque ni siquiera es capaz de reconocer públicamente la crisis de derechos humanos que padece el país. Porque no le debe su cargo a su trayectoria, sino a la injerencia de un Ejecutivo que se empeña en violentar la división de poderes.

Ahora se comprueba que la premura de su nombramiento no buscaba garantizar con urgencia un plan efectivo a favor de los derechos humanos, sino asegurar la pronta ejecución de las órdenes presidenciales: de impedir el análisis de quejas contra altos funcionarios, de obstaculizar las investigaciones sobre abusos laborales en dependencias de gobierno, de descafeinar los posicionamientos sobre la militarización y los abusos contra migrantes.

Precisamente por eso, compañeras y compañeros senadores de diversos grupos parlamentarios hemos invitado a la maestra Rosario Piedra Ibarra a que se retire de su encomienda actual: porque no ha podido cumplir con su deber; pero, sobre todo, porque le ha fallado a las víctimas.

 

*Senador de la República

Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y de Participación Ciudadana