Aprueba INE lineamientos Consulta Popular sobre ex presidentes

Consejeros del Instituto manifestaron su confianza en que la SHCP autorice una ampliación presupuestal para garantizar este ejercicio ciudadano

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres acuerdos referentes a la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto de 2021, respecto a las acciones pertinentes en apego al marco Constitucional y legal para enjuiciar a ex presidentes.

El primer acuerdo correspondiente al Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021; el segundo se refiere a los Lineamientos para la Organización de la Consulta Popular del 1 de agosto; y el tercero, respecto a la asignación de tiempos en radio y televisión para la difusión de dicha consulta; los criterios y distribución de tiempos para autoridades electorales; y el procedimiento para regular la suspensión de propaganda gubernamental.


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Cabe recordar que el 1º de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó procedente la Consulta Popular propuesta por el gobierno federal respecto a la posible sanción por corrupción a ex presidentes; sin embargo, reformuló la pregunta para quedar de la siguiente manera:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Durante las rondas de discusión, los consejeros electorales manifestaron su disposición a realizar este primer ejercicio de Consulta Popular con el profesionalismo que caracteriza al INE; sin embargo, recordaron que el presupuesto asignado no contempló dicha consulta.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, recordó que la consulta se realizará en los términos planteados en el Artículo 35 Constitucional; sin embargo, el Congreso de la Unión, aprobó que la fecha de la consulta no se empatara con el proceso electoral del 6 de junio, lo cual es un problema para el INE porque la Cámara de Diputados no consideró este ejercicio en su presupuesto.

"Eso llevó a este instituto a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, órgano que redactó y validó la constitucionalidad de la pregunta que tendrá que someterse a consideración de la sociedad mexicana en las urnas el próximo primero de agosto que no ha resuelto hasta el momento", dijo.

Informó que ha mantenido comunicación fluida y constante con la Secretaría de Hacienda para contar con una ampliación presupuestal; sin embargo, hasta el momento tampoco hay una respuesta. Aun así, manifestó la disposición del INE para cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de sus posibilidades presupuestales.

En su oportunidad, el representante del PAN, Obdulio Ávila Mayo, refirió que a pesar de las solicitudes del INE a la Secretaría de Hacienda acerca de la ampliación presupuestal para llevar a cabo este ejercicio, la respuesta ha sido el silencio, y más allá de eso, consideró que el presupuesto para la consulta, podría aplicarse para la compra de vacunas o atender de mejor manera la pandemia por Covid 19.

"La consulta planteada por el presidente de la República es a todas luces inconstitucional, sorprendió la decisión de la Corte, actualmente convertida en Secretaría de Justicia, quien tuvo que enmendar la plana para poder hacer efectivo el capricho al señor de Palacio Nacional", sentenció.

Por su parte, el representante del poder legislativo de Morena, Eurípides Flores Pacheco, destacó que la Consulta Pública es reflejo de que estamos viviendo en una nueva etapa de una auténtica democracia, donde se le pregunta a la gente sobre las decisiones de gobierno.

"Percibo un ánimo de incomodidad de la oposición por este ejercicio democrático, pero concibo que es normal porque ellos siguen creyendo que la vida pública y las decisiones públicas del país solamente corresponden a lo que se conoce como la clase política, pero se equivocan porque eso ya cambió", aseveró.

Consideró que en todas las instituciones del Estado siempre hay obstáculos administrativos y presupuestales; pero no son insalvables, y dijo que las instituciones del país están preparadas para enfrentar estos obstáculos, por lo tanto, existe la seguridad que con criterios de austeridad y racionalidad se podrá efectuar la consulta.

Arturo Prida, representante del PRD, consideró que las afirmaciones del representante de Morena no eran correctas, pues no es necesario desgastar a las instituciones una consulta para un asunto judicial, desgastar las figuras de participación ciudadana en "caprichos estériles".

"Si quiere ayudar a la democracia y a la justicia de este país, yo lo invito a que vayamos juntos a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por los hechos de corrupción que podamos enumerar desde el gobierno del presidente Echeverría a la fecha y que sea la justicia la que investigue", sentenció.

A propuesta de la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, se aprobó además extender la vigencia de las credenciales de elector 2019-2020 para que sean válidas para este ejercicio, en un ánimo de adecuar el presupuesto con el que se cuenta.