Reinserción de reos en México, la historia de un fracaso

8 agosto 2018 6:00 am

El sistema está corrompido. Son los mismos custodios los que te meten droga; imagínate, cinco psicólogas tratando con mil internos. Las extorsiones están ‘de a peso’ y para que te atienda un médico tienes que ir muriéndote. Ahí dentro tienes que hacer tu día a día y ver cómo vas a sobrevivir, cómo vas a comer más chido, cómo vas a tener mejores privilegios en la cárcel”.

Así lo narró Eder, quien cumplió una condena de cinco años por robo a transporte de carga; cuatro en el penal de Cuautitlán Izcalli y el último en el Centro Preventivo de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo.

Durante el encierro tuvo que adaptarse a un nuevo entorno que amenazaba diariamente su vida, entre riñas, torturas y condiciones inhumanas.

Adoptar el lenguaje de los otros reos y hacerse de un negocio de “venta de vicio”, eran la manera de “sobrellevar el sistema”.

Diariamente asistía a las áreas de psicología, trabajo social, médica y escolar, requerimientos que según recuerda, eran minúsculos intentos de reinserción social en penales sobrepoblados.

“Tratan de sacar todas esas cosas para que, según, te reinsertes a la sociedad como una persona de bien. Yo les decía lo que ellos querían escuchar, porque lo que quieres es recuperar tu libertad. Yo les decía que ya me iba a portar bien, ellos creen que sí están haciéndolo bien, pero en realidad no hay una buena reinserción, solamente te tienen ahí por tenerte”, recuerda a 24 meses de su liberación. 

En México hay 379 centros penitenciarios con capacidad para 209 mil 248 reclusos, pero en 2016, 157 penales reportaron saturación de 44.5 por ciento.

Los Gobiernos van y vienen, pero las condiciones de sobrepoblación y violaciones a los derechos humanos de los internos permanecen.

En 2008 se reformó el artículo 18 de la Constitución Política para cambiar el nombre de “readaptación” por el de “reinserción social”, pero eso poco abonó para materializar el objetivo.

Los ex reos son discriminados, por lo que se les complica encontrar un trabajo o un lugar donde vivir, incluso, algunos sufren rechazo por parte de sus familias, lo que les complica reincorporarse.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que 60% de las personas que obtuvieron su libertad tras cumplir sentencias condenatorias volvieron a cometer algún delito, muchos de ellos ante la falta de oportunidades laborales que enfrentan los ex presidiarios.

Una segunda oportunidad

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Jacqueline L´Hoist, señaló que además de las situaciones de violencia que afectan a los penales del país, los internos padecen la segregación social aun estando en reclusión, lo que limita sus expectativas cuando ocurra su liberación.

De acuerdo con la segunda encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017), realizada por este organismo, indicó que 39.3% consideró que la principal forma de discriminación contra quienes estuvieron en prisión fue negarles su derecho al trabajo.

Aunque muchos reos  cursaron alguna licenciatura en los centros de readaptación social o aprendieron un oficio,  la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para solicitar un empleo persiste como un pendiente en la agenda legislativa.

L´Hoist abundó que desde su oficina ha intervenido en casos en que los empleadores piden este documento una vez que la persona se encuentra en la etapa de contratación.

“Las personas (que estuvieron privadas de su libertad) saben que no puede entregar este documento, entonces automáticamente se descartan. Y cuando  ven anunciado el requisito, ni siquiera se presentan; parece que haber cumplido tu sentencia de nada sirvió, y el prejuicio y el estigma lo vas a tener marcado en la piel eternamente”, señaló.

Esto representa una violación al derecho al trabajo, así como una conducta discriminatoria, ya que se les estigmatiza.

L´Hoist consideró que más allá de una Carta de No Antecedentes Penales, una manera de garantizar el acceso al empleo, a una nueva oportunidad de vida y confianza para la fuente empleadora, es la realización de exámenes psicométricos o de control de confianza.

“Me rehuso a pensar, y lo niego rotundamente, que una persona que cometió un delito forzosamente vaya a reincidir. Ése es un prejuicio y me rehuso a pensar que la mayor parte de las personas liberadas, si no encuentran trabajo, van a recurrir nuevamente en la delincuencia”, aseguró la presidenta de la Copred.

 

En cifras

Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, a nivel nacional, 71.1% de la población privada de la libertad realizó alguna actividad laboral durante su reclusión. De ese porcentaje, 23.2% llevó a cabo labores artesanales y 20.2% actividades de maquila.

Dicho estudio indica que, a nivel nacional, sólo 31.3% de la población privada de la libertad durante 2016 se inscribió en programas educativos. De la población no inscrita en algún programa educativo, 31.9% no tuvo interés en seguir estudiando y a 13.4% no se le permitió inscribirse.

Sin embargo, sólo 40.1% manifestó que podría lograr una reinserción social una vez concluida su condena.

Para una verdadera reinserción a la sociedad y evitar la reincidencia, apunta el artículo 18 constitucional, los reclusorios deben organizarse con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

No obstante, el diagnóstico de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad reconoció a los centros penitenciarios como escuelas del crimen, que representan un eslabón más en la cadena delictiva.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto, a cuatro meses de concluir, tampoco hizo diferencia para elevar la calidad de los penales, incluso se han señalado irregularidades en el uso de los presupuestos etiquetados para la readaptación social.

En un reporte de 2017, hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el desempeño de la Administración del Sistema Federal Penitenciario en materia de Prevención y Readaptación Social, determinó que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS),  no demostró haber aplicado la asignación de 17 millones 972 mil 744 pesos para la elaboración de un programa integral de reinserción social, sino que las actividades en la materia fueron aisladas y desarticuladas.

El informe también alerta respecto a la sobrepoblación en los 379 centros penitenciarios en México con capacidad para 209 mil 248 reclusos, de los que 157 penales reportaron en 2016 saturación de 44.5 por ciento.

De acuerdo con el informe de la ASF, la población total penitenciaria en 2016, ascendió a 233 mil 469 internos.

Al cierre de ese año, 65 mil 21 de las personas recluidas en los penales del país no tenían sentencia, es decir, 35% de la población en reclusión.

Durante un foro realizado en la CDMX el año pasado, el representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, aseveró que si no hay trabajo, no puede haber reinserción social, por lo que llamó a implementar un análisis sobre las oportunidades y condiciones reales para que las personas puedan tener una completa incorporación a la sociedad.

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