Neza y su lucha contra el narco

31 mayo 2018 6:00 am

Equipo EBD

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En Nezahualcóyotl los grupos criminales del narcotráfico operan al menos desde 2009. Células urbanas de La Familia Michoacana y de los Zetas controlan el cobro de derecho de piso, los secuestros y ordenan asesinatos, delitos que han dejado cicatrices entre la población de este municipio del Estado de México.

Su entorno geográfico no le favorece, pues colinda con otros municipios con altos índices delictivos como Ecatepec, Valle de Chalco y La Paz, lo que deriva en afectación directa a la seguridad en la Ciudad de México, ya que el municipio es frontera con las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco; y se localiza a sólo 10 kilómetros del Zócalo capitalino.

Se desborda la inseguridad

La violencia asociada al narcotráfico comenzó en este municipio mexiquense a partir de la administración de Édgar Navarro, quien ocupó la presidencia municipal de 2009 a 2012, de acuerdo con versiones de mandos policiacos, quienes pidieron omitir su identidad por cuestiones de seguridad.

Durante la presidencia del priista, Neza se convirtió en un “paraíso” para el cobro de piso y la distribución de drogas.

Para conocer la evolución del crimen en Nezahualcóyotl, El Big Data recuperó los testimonios de agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes ahora ejecutan las estrategias de seguridad ciudadana.

En 2009 esta corporación estuvo a cargo de Óscar Moreno Villatoro, quien llegó a ese cargo tras renunciar a la Dirección General de Puertos y Fronteras y su salida fue motivada por una investigación que la entonces Policía Federal Preventiva inició en su contra por sospechas de nexos con cárteles de la droga, a los que presuntamente les permitía mover mercancía en 33 aeropuertos alrededor del país.

Con la llegada de la nueva administración, la estructura de seguridad pública comenzó a desmoronarse. Los mandos policiacos que venían de la administración del perredista Víctor Miguel Bautista fueron relevados y sustituidos por “un nuevo grupo que dejó operar al crimen organizado con total impunidad”, relató un integrante del Grupo Antisecuestros del municipio.

“Cada vez eran más frecuentes los descabezados, personas encajueladas, narcomensajes clavados al cuerpo de un individuo, al estilo de los capos en lugares como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas”, agregó.

Panorama del crimen

Nezahualcóyotl es un municipio en cuyas viviendas se acostumbra compartir el uso habitacional con el comercial. “Podemos hablar que la mayoría de la gente son comerciantes, tienen un negocio familiar. Esto dio paso al cobro del derecho de piso. Tu negocio está en tu mismo domicilio, no hay forma de que escapes”, narró el mando municipal.

Datos del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México mostraron que entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, seis mil 222 denuncias de extorsión fueron realizadas por habitantes de Neza.

Hacia finales de 2011, al cierre de la administración de Navarro, la extorsión asociada al comercio se agudizó en el municipio.

En ese año hubo más de 25 mil 332 delitos de alto impacto en las modalidades de secuestro, extorsión, robo a transeúnte, robo a casa habitación y de vehículo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunque estas cifras se redujeron a poco más de la mitad para fijarse en 12 mil 569 delitos de alto impacto al cierre de 2017, las secuelas de haber abierto las puertas a células de narcotráfico dejaron una herida grave con la que siguen lidiando las autoridades.

El sector comercial local sigue siendo uno de los más afectados. En 2013 alrededor de 350 negocios que estaban afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana cerraron debido a la violencia desbordada. A éstos habría que sumar los negocios cuyo propietarios no estaban agremiados en alguna confederación empresarial.

Fueran pollerías, estéticas, restaurantes, bares, papelerías, centros nocturnos, sin importar el giro, los grupos criminales comenzaron a cobrar derecho de piso a todo el que trabajara un negocio.

El transporte público no escapó de las extorsiones que se imponían para operar las rutas. Unidades incendiadas o baleadas eran los costos para quienes no pagaban las cuotas o se negaban a aceptarlas.

Escenario de violencia

Durante 18 años, Gerardo trabajó como policía municipal en Neza y recuerda una noche de julio de 2013 en la que atendió una llamada de auxilio en el Bar Altitud, ubicado en las avenidas Sor Juana Inés de la Cruz y Fuentes de Petróleos; habían ejecutado a tres personas.

La indagatorias apuntaron a que los dueños del bar se habían negado a pagar una extorsión, por lo que un comando ingresó al local, golpeó a los trabajadores, los obligó a hincarse y los ejecutó.

Sobre los cuerpos dejaron una manta con la leyenda: “Por chapulines y por no pagar la renta”, la cual fue firmado por La Familia Michoacana.

“Recuerdo bien el caso porque asesinaron a Juan Torres, hermano de Ana María Torres, la boxeadora y campeona mundial, pero historias como esa hubo muchas, la gente vivió atemorizada esos años y evitaban salir de su casa al máximo, parecía que había toque de queda”, contó el ex policía.

Gerardo señaló que al interior de la corporación se dijo que fue decisión del PRI abrir la puerta a los cárteles de la droga, a los que buscó usar para recuperar parte de lo que gastó para ganar la elección en 2009, a través del cobro de las extorsiones y secuestros.

“Pero el daño fue irreparable porque la inseguridad se les fue de las manos. El entonces presidente municipal se dedicaba a competir en olimpiadas mientras la ciudad estaba en llamas”, agregó.

En febrero de 2013, dos vagonetas de la ruta 103, que cubre el ramal Metro Pantitlán-Toreo, fueron baleadas en el cruce de Carmelo Pérez y Madrugada, colonia Benito Juárez, porque los líderes de la ruta se negaron a pagar medio millón de pesos mensuales. Luego de la agresión, los choferes se vieron obligados a negociar un pago.

En septiembre de 2015, choferes de la ruta 86, que corre del Metro Peñón Viejo a la avenida Bordo de Xochiaca, denunciaron que grupos delictivos exigían un pago de 800 mil pesos mensuales por dejarlos trabajar.

Por negarse, le prendieron fuego a una de las camionetas en la esquina de la Cuarta Avenida y Amanecer Ranchero. En ninguno de los dos casos se abrió una investigación para indagar a los extorsionadores.

El hecho más reciente fue la balacera que ocurrió en el tianguis de San Juan, en octubre del 2017, contra uno de los líderes, quien fue herido por extorsionadores mientras cobraba las cuotas a los puestos sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Pavón.

El tianguis dejó de operar un par de semanas y después de su reinstalación elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y la policía Municipal fueron destacados, pues colinda con la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, las taquerías son los negocios contra los que principalmente operan los extorsionadores.

Impacto político

El combate contra la criminalidad en el municipio ha cobrado la vida de funcionarios públicos, políticos y, también, de líderes de los cárteles, los cuales han sido detenidos o abatidos mediante un trabajo coordinado entre la policía municipal, la Marina y el Ejército.

Un caso fue el asesinato de Pedro Popoca Mendiola, quien fue subdirector de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Edomex, y quien fue encontrado en la calle 25 de la colonia Maravillas. Fuentes de El Big Data informaron que se trató de una venganza del crimen organizado.

En mayo del 2016, Carolina López Zamudio, quien fue subdirectora de Egresos en el Municipio de Nezahualcóyotl, fue baleada en su camioneta. Personas cercanas al caso atestiguaron que la víctima se negó a pagar una extorsión.

Los policías municipales también han sido víctimas del crimen organizado, en enero del 2016, la agente María Cristal Mora fue acribillada por una supuesta venganza, pues ella y dos de sus compañeros detuvieron a una persona armada, quien se identificó como miembro de La Familia Michoacana; después de entregarlo en el Ministerio Público un comando armado baleó a los agentes.

“A mí me han esperado grupos de delincuentes afuera de mi casa; yo recibí cuatro balazos, pero, por fortuna, no me tocaron un órgano vital y aquí sigo patrullando”, relató otro uniformado.

No todo está perdido

El poder que las bandas criminales ejercían en Nezahualcóyotl comenzó a perder fuerza en 2015 con la detención de Silvino López González e Israel Cortés, ambos identificados como lugartenientes de La Familia Michoacana.

Para mayo de 2016, Ignacio Ponce y Erika Hernández, dos presuntos líderes de esa misma organización criminal, fueron detenidos en un operativo conjunto en el que participaron la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.

Al año siguiente, la estadística sobre extorsiones que se consumaron comenzó a ceder y para 2017 el indicador mostró 66 casos frente a los 150 que ocurrieron en 2013.

“Hay algunas bandas que operan bajo el nombre de otro grupo delictivo, pero en realidad no pertenecen a esas organizaciones criminales. Con la policía vecinal de proximidad hay un acercamiento directo con la gente, para que los vecinos vuelvan a creer en su policía y se atrevan a denunciar”, aseguró Jorge Amador, director de Seguridad Pública municipal.

Esta agrupación ha sido una de las apuestas más fuertes del ayuntamiento para abatir las cifras delictivas y está integrada por egresados de la Academia de Policía.

Para ingresar es requisito pasar exámenes de control y confianza. Con estos elementos, la Dirección de Seguridad Pública buscó sustituir a los elementos que se vincularon con los grupos criminales.

Nezahualcóyotl está dividido en 100 cuadrantes en los que se distribuyó equitativamente el estado de fuerza. Cada cuadrante tiene asignada una patrulla, dos o tres oficiales y un celular, con el objetivo de atender en menos de tres minutos una emergencia ciudadana.

El número celular de cada patrulla fue entregado casa por casa, se colocaron carteles informativos con placas de la patrulla y las calles a su resguardo.

A esta estrategia de suma el patrullaje en helicóptero y el C4 municipal con mil 830 cámaras de vigilancia; de éstas, 263 fueron equipadas con botones de pánico.

Durante las administraciones de Juan Zepeda, de 2012 al 2015, y de Juan Hugo de la Rosa se invirtieron más de 12 millones de pesos para la instalación de rastreadores satelitales que fueron colocados en ocho mil vehículos privados con el fin de evitar los robos.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que se encarga de evaluar a  58 ciudades a nivel nacional, dio a conocer que en 2016 el municipio se encontraba en décimo lugar en cuanto a percepción de inseguridad, mientras que para finales  del mismo año ocupó el lugar 35.

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