Inviables y con desconocimiento jurídico, así son las propuestas anti-delincuencia de El Bronco

2 mayo 2018 1:01 pm

Cercenar las extremidades de quienes roban y dar pena de muerte a secuestradores y asesinos, son propuestas que nacen del desconocimiento del marco jurídico constitucional y de derechos humanos, así lo explicó el doctor Armando Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

El también especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló a El Big Data que para dar paso a este tipo de castigos, se tendría que reformar los artículos primero y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que:

Artículo 1: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 22: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

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Para hacer las modificaciones a la Carta Magna que permitieran materializar las propuestas planteadas por el candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, México tendría que renunciar -con todas las consecuencias jurídicas que eso implica- a los tratados internacionales, declaraciones y pactos de los que forma parte desde los años 80, tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, la Convención Interamericana contra la Tortura, entre otros.

Armando Hernández, considera que, aunque es un escenario poco probable, ésa sería la única manera de darle viabilidad jurídica a las propuestas del contendiente regio.

“Existe en materia de derechos humanos un principio de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos no pueden ir en retroceso. Ya una vez que se ha adquirido un derecho humano o se ha establecido en el catálogo institucional, ya no se puede regresar a una situación anterior que sería violatoria de derechos humanos”, abundó.

Indicó que ése principio de progresividad de los derechos humanos, imposibilita realizar las reformas constitucionales “porque existe esta protección internacional”.

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Desde su perspectiva, los planteamientos de Jaime Rodríguez “no se hicieron valorando su viabilidad jurídica. Tendríamos que desconocer o renunciar a una serie de tratados, esto purgaría todos los compromisos internacionales. Por eso es que parece jurídicamente inviable la propuesta”.

El Magistrado presidente considera que el encono social que impera en la actualidad particularmente en temas de seguridad pública, hace que “mucha gente esté dispuesta a buscar castigos más severos hacia ciertos delitos sensibles como secuestro, violación, homicidio y feminicidio”.

Por ello, sostuvo que declaraciones como las hechas por El Bronco en días recientes, sí son consideradas por una sociedad a la que observa enojada.

“Esto ha motivado que haya terreno sensible para que algunas personas piensen en la posibilidad de implementar sanciones más severas como castración a violadores”.

El especialista en derecho considera que el incremento a las sanciones penales no sería inhibitorio de conductas sociales reprochables y sostiene que parte de la solución a los flagelos que afectan a nuestro país radican en la prevención del delito.

“A mí me parece que no es la solución incrementar penas para inhibir las conductas delictivas, sino más bien la prevención”, apuntó.

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