Los secuestros son un ‘juego’ de niños

24 abril 2018 6:00 am

En los últimos cinco años al menos 486 menores de edad fueron detenidos en el país por participar activa o indirectamente como miembros de una banda de secuestradores.

Los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México son el foco rojo. En esa frontera, la asociación civil Alto al Secuestro contabilizó 73 casos de enero de 2012, a agosto de 2017, en los que niños y niñas participaron en un secuestro y ahora purgan una condena.

De acuerdo con los especialistas en la materia, la estadística podría incluso triplicarse, pues existe una cifra negra, ya que en muchos casos los menores son presentados ante un juez acusados de formar parte de una banda de secuestradores y quedan en libertad debido a que no les pueden comprobar su participación.

A los que sí se les condena, reciben penas de máximo cinco años, mientras que un adulto, por el mismo delito, recibe una sanción de entre 40 y 80 años de prisión, uno de los principales alicientes para coptar a menores de edad.

La problemática

En la zona limítrofe de la capital del país han sido detenidas bandas de secuestradores que emplean a niños y jóvenes, en algunas ocasiones, de forma indirecta en los raptos y, en otras, como vigilantes de las casas de seguridad en donde se encierra a las víctimas.

Sin embargo, existe una tendencia al alza que muestra que el crimen organizado incluye a menores como miembros activos de la banda. Los jóvenes asumen facultades para actuar como secuestradores profesionales y participan activamente en el rapto, así como en la definición del resguardo y de las tácticas para exigir el rescate.

“Hemos sabido de casos en donde el menor de edad no es consciente de lo que está haciendo, pues únicamente le piden cuidar un domicilio y resulta que ahí hay una persona privada de su libertad.

“Pero hay otros casos donde los jóvenes son integrantes de la banda e, incluso, juegan una parte clave al interior de estos grupos, pues no solamente cuidan a la víctima, sino que ellos mismos se encargaron de planear el secuestro”, explicó Andrea Monsiváis, encargada del área de Estadística de la asociación Alto al Secuestro.

El Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 62 menores detenidos por participar en casos de secuestro, de acuerdo con datos de esta asociación civil. El primer lugar lo tiene Tamaulipas con 77 casos, mientras que Guerrero está en tercera posición, con 52 menores que permanecen en prisión o que pisaron la cárcel por este delito.

Los estados con menor incidencia en este delito son Sonora y Tabasco, con cuatro casos cada uno; Yucatán y Baja California, con dos casos; así como Chiapas y Chihuahua, con un solo caso registrado.

Para la especialista en seguridad pública y ex secretaria técnica del municipio de Chicoloapan, Miriam Jiménez, la cifra de casos no registrados es mucho mayor a los datos oficiales, pues hay jóvenes secuestradores que no son llevados ante un tribunal y que también cometen otros delitos como el cobro de derecho de piso y la extorsión.

“La cifra de jóvenes secuestradores en todos esos años se puede hasta triplicar, sólo que la mayoría de las y los menores no son llevados ante un tribunal porque no se les puede comprobar que realmente participaban como miembros activos de la banda.

“Tampoco son llevados ante el juez debido a sus características físicas, pues aunque tienen 15 años, algunos se ven más jóvenes y la ley no les aplica ninguna sanción, entonces, en ciertos casos, se libran del tutelar de menores”, aseguró la ex funcionaria municipal en entrevista con El Big Data.

Un ejemplo de ello fue un caso ocurrido en diciembre del año pasado, cuando la policía municipal de Nezahualcóyotl detuvo a una banda de secuestradores en la que participaba un menor de edad. Aunque los secuestradores fueron detenidos en flagrancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los dejó en libertad.

El miércoles 13 de diciembre del 2017, Esther Rodríguez García fue secuestrada en calles del municipio de Chimalhuacán mientras se dirigía a la escuela. Durante su rapto, la joven de 17 años de edad activó una alarma en su celular con la que las autoridades pudieron rastrearla.

Sus secuestradores la llevaron a una casa de seguridad ubicada en el número 249 de la calle San Rafael, en la colonia Vicente Villada, del municipio de Nezahualcóyotl. En este lugar asignado como casa de seguridad, la víctima fue maniatada y vendada.

Al conocer del rapto, la policía de Nezahualcóyotl desplegó un operativo para rescatar a la joven. Fue así como las autoridades detuvieron a la banda liderada por la familia Barrientos García, donde al menos cuatro de sus integrantes formaban parte del equipo de secuestradores, entre ellos, un menor de edad.

Los inculpados fueron identificados como David Barrientos García, Ángel Barrientos García, Jorge Daniel Barrientos Sánchez, ‘N’ Barrientos García, Miguel Ángel Torres Téllez, Fabián Olivares Segovia. Con ellos también participaron dos mujeres, quienes se presume que cuidarían a la víctima: Alma Rivera Miguel y Carmen Arlene Alvarado Miguel.

A pesar de que los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía de secuestros de Nezahualcóyotl, 72 horas después fueron puestos en libertad por la juez Rosa María Franco Gutiérrez, adscrita al Juzgado de Control de Distrito Judicial en el municipio.

Para la juez, la historia del secuestro y el rescate fue un hecho “fantasioso”, además de que aseguró que había fallas en la declaración de la víctima. Casos como el de Esther Rodríguez García engrosa la cifra negra de secuestros con participación de menores de edad que alimentan la impunidad.

Blanco fácil

La falta de educación y empleos mejor remunerados para jóvenes menores de 15 años los convierte en un blanco fácil para ser coptados por el crimen organizado.

Así lo consideró Alan Jiménez, director de la asociación Comunalidades Vida y Dignidad AC, quien aseguró que éste ha sido un problema estructural que no se ha podido resolver.

“Al ver que no pueden continuar su proyecto de vida y que las condiciones laborales no son las mejores, porque únicamente pueden tener trabajos informales y mal pagados, el crimen organizado siempre estará ahí para ocupar el espacio que la sociedad y el Estado no ocupan”, dijo.

El especialista en derechos infantiles aseguró que para los jóvenes resulta más fácil cobrar dos o tres mil pesos por cuidar a una persona que ha sido secuestrada, pues en algunos casos el rapto dura un par de días.

“Hay jóvenes a los que les pagan máximo dos salarios mínimos por un trabajo que harán en toda la semana o una quincena, si el joven necesita dinero muchas de las veces toma la opción más fácil, pues en sus trabajos no ganarán eso y van a trabajar muchas horas diarias.

“Tenemos un problema serio en el Estado porque los jóvenes purgan una sentencia que rompe con las redes que hizo en la sociedad y, cuando tenga la libertad, será muy difícil integrarse nuevamente a la sociedad”, aseguró Jiménez.

La edad, su mejor defensa

A partir de los 16 años de edad, un menor que participe como miembro activo de una banda de secuestradores puede enfrentar penas de hasta cinco años en prisión. Bajo este tipo penal, el menor delincuente, una vez que cumpla 18 años, culminará su condena en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

De acuerdo con el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia, los menores de entre 12 y 14 años de edad pueden purgar una sanción no privativa de la libertad, esto es que permanecerán bajo el cuidado de un adulto durante un año sin necesidad de ir a prisión.

“Es una especie de prisión domiciliaria, el Estado valora a las personas con las que el menor se puede quedar bajo tutela; hay ocasiones en que no se les da este privilegio a los padres porque no le dieron las atenciones necesarias al niño”, detalló la especialista en seguridad pública, Miriam Jiménez.

“En el caso de los jóvenes secuestradores que sí participan en la banda y tienen hasta 15 años, el juez puede determinar que se queden bajo el resguardo de un familiar por dos años, como prisión domiciliaria, pero en todo este tiempo debe de ir a la escuela y realizar trabajo comunitario”, agregó.

Para estos casos el artículo 60 de la Ley Nacional de Justicia Penal indica que el adolescente tiene la obligación de reparar el daño provocado a su víctima, esto es mediante un esfuerzo propio sin que la responsabilidad sea trasladada a sus padres o representantes legales.

Se puede hacer un pago monetario, en especie o mediante trabajo del adolescente, que es determinado por la entidad federativa en donde se cometió el delito.

Comentarios