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Violaciones a los derechos humanos, una constante en el Gobierno de Peña

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Detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos y violaciones al debido proceso son algunas de las irregularidades.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto es señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)  por diversas violaciones a las garantías, destacando los casos de Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya y ahora Tanhuato, donde murieron 115 personas de la población civil.

En lo que va de esta administración, la CNDH han emitido 117 recomendaciones al Gobierno federal, de ellas 19 ya se cumplieron y el resto siguen en trámite.

Actos de tortura, detenciones arbitrarias, incomunicación, privación ilegal de la libertad,  ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos, violaciones al debido proceso, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento son la principales irregularidades cometidas.

Los señalados son: elementos de la Policía Federal y Ejército, así como policías estatales y agentes ministeriales federales.

Los casos

El 30 de junio del 2014, en la localidad Cuadrilla Nueva, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron localizados 22 cuerpos en un predio utilizado como bodega.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataba de un grupo de secuestradores que fueron abatidos por elementos del Ejército Mexicano para liberar a una víctima de secuestro.

Por estos hechos fueron procesados siete militares, de los cuales cuatro ya fueron exonerados, mientras que otros tres siguen bajo proceso, aunque se espera que también se aplique el mismo criterio judicial para liberarlos.

El caso más emblemático de la administración federal tuvo lugar el pasado 26 de septiembre del 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Rural, Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, los cuales, se dijo oficialmente, fueron secuestrados y posteriormente calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Dicho crimen se cometió con la complicidad y por orden del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y las policías locales de Cocula, Iguala y Huitzuco, quienes entregaron a los normalistas a los Guerreros Unidos comandados por Sidronio Casarrubias.

Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echaron abajo la denominada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, al referir que los estudiantes no fueron calcinados en el tiradero de Cocula, como se informó.

Inclusive hacen mención de elementos de la Policía Federal y del Ejército en el lugar de los hechos, además que las investigaciones de la PGR no han dejado satisfechos a los padres de las víctimas.

Otro de los temas es el enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Policía Federal en el acceso carretero al poblado de Nochixtlán el pasado 22 de junio, que dejó como saldo ocho personas muertas, todas ellas civiles, y según se dijo, hubo al menos 110 policías federales lesionados.

Aunque en un principio las autoridades negaron haber utilizado armas de fuego y haber disparado en contra de la población civil, posteriormente Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo que las pistolas y rifles de los uniformados habían sido entregadas al ministerio público federal para deslindar responsabilidades penales.

Caso Tanhuato

La semana pasada la CNDH concluyó que por lo menos 22 de los 42 muertos en Tanhuato, Michoacán, fueron “ejecutados de manera arbitraria” por elementos de la Policía Federal, y otros cuatro por “uso excesivo de la fuerza”.

En la recomendación 4VG/2016 informó que 22 de las personas abatidas era parte de los 46 presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, en el Rancho el Sol, en Tanhuato, Michoacán.

Según los expertos de la CNDH, el 22 de mayo del 2015, la Procuraduría de Michoacán modificó la escena del crimen en el caso de siete cuerpos; hubo cambio de las armas originales; fallas graves en las necropsias, y se presentaron falsedad en los informes.

La recomendación se realizó, principalmente, con base en los testimonios de tres sobrevivientes, señalados como integrantes del referido grupo delictivo, quienes salvaron la vida porque ya se había reportado a los superiores que había detenidos luego del enfrentamiento donde murieron 42 civiles y un policía federal.

Además de entrevistas a los familiares de las personas que perdieron la vida en el rancho, visitas de campo; 10 averiguaciones previas iniciadas por estos hechos; análisis periciales en criminalística, balística y mecánica de hechos; así como los informes oficiales entregados por requerimiento de la CNDH, bitácoras y testimonios de algunos participantes en el enfrentamiento,

“El domingo 24 de mayo, alrededor de las 2:00 horas, terminé de declarar. El cuerpo de mi esposo me lo entregaron como a las 18:00 horas, tenía los testículos inflamados, quemados, al igual que el pecho, además, se le apreciaban tajos en los tatuajes, como si se los hubieran querido desprender, esos tatuajes tenían los nombres de Evangelina y Reina […] Deseo aclarar que en esa fecha tenía 38 semanas de embarazo y que perdí al bebé un día después de que concluyó el novenario. Al morir mi esposo me enteré que lo conocían con el apodo de El Chino Aintrax”, dijo la esposa de una de las víctimas

“El lunes, 25 de mayo de 2015, alrededor de las 18:00 horas me entregaron el cuerpo de mi hijo, en una bolsa negra y amarrada con cinta canela, al verlo me di cuenta que tenía el ojo derecho como saltado y no tenía los dientes de arriba, de enfrente. […]”, madre de uno de los hombres que perdieron la vida.

La Respuesta

Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, negó que se hubieran realizado ejecuciones arbitrarias en Tanhuato y que los agentes sólo actuaron para repeler el ataque, y aunque adelantó que aceptarán la recomendación 4VG/2016, no reconocen los hechos que se les imputan.

Subrayó que las fuerzas federales actuaron de manera racional, pues se enfrentaron a un escenario hostil, de extrema violencia y con tiradores desde diversos puntos, mientras que los agresores se negaron a rendirse y entregar sus armas

Adelantó que se pedirá en su momento que los hechos narrados en la recomendación sean investigados por las instancias correspondientes con base en los métodos y pruebas científicas y evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados.

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