Investigaciones

Sistema penal acusatorio nace cuestionado

ElBigdataMx/city/RECLUSORIO

Especialistas incluso advierten de un colapso de la justicia mexicana en 12 años.

A menos de tres meses de la instalación total del Sistema Penal Acusatorio en México, abogados expertos en la materia ya hablan de un colapso de la oralidad en 12 años, principalmente por la falta de coordinación entre las leyes que lo rigen y la Constitución.

Al respecto, el doctor en derecho, José Oscar Valdés Ramírez advirtió que la idiosincrasia de gran parte de los mexicanos  no permiten la aplicación cabal del sistema penal acusatorio, pues saben que ante la autoridades la verdad es castigada, por ello deben mentir para evitar la cárcel.

“Se ha hecho una combinación de varios países; el mexicano está acostumbrado a mentir, yo  no voy a defender a un cliente reconociendo que él es culpable, el sistema está hecho para eso, por eso muchos expertos opinan que el sistema va a fracasar en 12 años”, lamentó Valdés Ramírez, doctor en amparo  y derecho constitucional.

En este mismo sentido, el especialista en materia de amparo penal, Alejandro Jaimes Gutiérrez coincidió en señalar que en el modelo anglosajón, del cual México replicó la oralidad, mentir ante un juez  es un delito grave que se paga con muchos años de cárcel.

“Este nuevo sistema que es anglosajón se pretende implementar en nuestro país cuando sabemos que los precursores de este sistema (Inglaterra y Estados Unidos) a lo que más le temen es al perjurio, culturalmente están  muy bien determinados a no faltar a la verdad, lamentablemente nuestra idiosincrasia, nuestra cultura  nos ha permitido el decir mentiras”, dijo el experto.

Las principales contradicciones surgen de los lineamientos que se marcan en la Constitución en contraste con el Código Nacional y algunos tipos penales en la Ley de Amparo, aunado a la falta de preparación y temor de los operadores y jueces que aplican el sistema.

Ante las paradojas de los reglamentos que habrán de regular los procesos  orales, los abogados que ya litigan bajo el esquema del sistema penal acusatorio a nivel local y federal en las entidades donde ya ha quedado instaurado, consideran que será en las cortes internacionales a través de los juicios de convencionalidad donde se imparta justicia en México.

“Veo muy difícil que la Corte (SCJN) de México lo pueda resolver, porque no se van a atrever a desdecirse, y reconocer que está mal el sistema, ha costado miles de millones de pesos, para que al final se diga que está mal, no lo van a decir”, dijo Valdés Rodríguez.

Uno de los principales elementos para la posible crisis jurídica, radica en la propia naturaleza de los juicios orales, y pese a que habla de publicidad y apertura, impide a cualquier persona o autoridad, incluyendo al juez de amparo, que sea ajeno al proceso pueda acceder a la carpeta de investigación.

Por ello, parte fundamental en un juicio de amparo es que el juez de la materia pida informes, inclusive el expediente del caso, al juez de procesos para que a su vez tenga los elementos para establecer si otorga o no las respectivas suspensiones de los actos reclamados.

“En la mayoría de los casos se recurre al juicio de amparo, pues es donde se componen la mayoría de los asuntos”, denunció  Valdés Ramírez.

Al   respecto, el abogado litigante  Alejandro Jaimes Gutiérrez, dijo que sería un grave error  desaparecer o modificar la naturaleza del único medio constitucional que se tiene para regular los actos de autoridad, como lo es el juicio de amparo.

“Sí modifican la Ley de Amparo nos van a dejar en estado de indefensión, los actos de autoridad serían autoritarismo, de nueva forma un modelo inquisitivo, pues  los jueces de control de juicio oral tendrían la verdad absoluta, y de nada va a servir que sometamos a escrutinio sus actuaciones porque no va a ver potestad  ni autoridad alguna que tenga el alcance  de revisar sus actuaciones que no siempre son higiénicas y ortodoxas”, comentó.

El especialista reconoció que ya se han realizado adecuaciones para admitir juicios de amparo indirecto en contra del acto de vinculación a proceso (auto de formal prisión), con base a la carpeta de investigación realizada por la autoridad ministerial previo a la judicialización del tema.

Otro de los temas controversiales, es la aplicación de la prisión preventiva, pues el Sistema Penal Acusatorio ordena que si en un año de juicio oral el inculpado no ha recibido sentencia deberá de quedar en libertad inmediata, y sobreseerse el juicio, mientras que la Constitución marca dos años.

Cuando se presenta un juicio de amparo en contra de la vinculación a proceso, se pueden llevar hasta siete u ocho meses de gestión, tiempo en el que podría ordenar la reposición del proceso o quedar suspendido el juicio, tiempo en que el inculpado permanecerá en la cárcel.

En este punto, los códigos y leyes secundarias no han establecido qué procederá, sobre todo con aquellos internos que enfrentan proceso por delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio o secuestro.

En ninguno de los códigos se establece las alternativas a la prisión preventiva,  (uso de brazaletes, fianza, arresto domiciliario, confinamiento o acotamiento territorial) para los internos acusados de dichos delitos, sobre todo delincuencia organizada, crimen de moda cuando el Estado quiere perjudicar a alguien.

Por su parte, el abogado Jaimes Gutiérrez dijo que el nuevo sistema establece de cuatro meses a un año la  vigencia de la duración de la medida cautelar, y después de ese tiempo debe tratarse la libertad de todo imputado. 

Explicó que actualmente hay una propuesta de presentar en la Cámara de Diputados una miscelánea penal para depurar todas las omisiones y deficiencias del nuevo Código Nacional y la Ley de Amparo, y con ello coordinar y adecuarlas al los juicios orales.

 

“Venimos depurando, tratando de perfeccionar las cosas a la mexicana, como van surgiendo es como van tratando de reformar y actualizar los problemas para  un supuesto mejor manejo, pues todas estos sistemas orales que se han implementado en Chile, Perú, y entidades como Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, se colapsaron”, concluyó Jaimes Gutiérrez.

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