Sin cimientos propuesta de Carta Magna de la CDMX

30 septiembre 2016 6:00 am

Israel Yañez

Por:

Periodista egresado de la UNAM. Profesor del IFP impartiendo la materia de comunicación a nuevos operadores del Sistema Penal Acusatorio

La Constitución de la Ciudad de México corre el riesgo de convertirse en una carta de buenas intenciones inaplicable en la realidad, pues son muchos los conceptos simbólicos sobre derechos y equidad que se quieren plasmar, pero falta el marco legal para regularlos y aplicarlos, advirtió el ministro, José Ramón Cossio Díaz.

Explicó que en este momento, tal y como se están planteando los proyectos, se corre el riesgo de que la Constitución local se confronte en algunos puntos con la Constitución Nacional, y en su caso haya una serie de controversias constitucionales que tendrá que dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Muchos de los conceptos sobre derechos humanos, equidad de género, garantías individuales, grupos vulnerables, entre otros temas, ya están plasmados y salvaguardados por la Constitución mexicana y los tratados internacionales a los que México está suscrito, por ello, la redacción del Carta Magna capitalina se debe enfocar a cómo hacer cumplir esas normas.

Sin embargo, no se ha delimitado es cómo se van a resolver los problemas más simples de la ciudad, como rellenar un bache, tapar una coladera, reparar una fuga, alumbrado público, y quién se hará cargo del presupuesto para dichas tareas y quién lo aplicará, todas esas pequeñas normas que a la larga pueden generar impunidad, corrupción y descontento.

“El momento simbólico está bien, que bueno que postulemos que ésta es una ciudad con ciertas características, pero sí me parece que el momento jurídico es mucho más importante”.

“Creo que una Constitución tiene que tener un orden jurídico bajo la pretensión de que con él se van a regular la mayor cantidad de conductas posibles, de los funcionarios, particulares, los conflictos, esa es la función de las normas jurídicas”, dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que la Constitución nacional, es muy clara en sus artículos 120 y 122, el primero que ordenada que los gobernadores de cada entidad están obligados a aplicar y que se obedezcan las leyes federales en su territorio, mientras que el segundo habla de las atribuciones y obligaciones de las autoridades del entonces Distrito Federal.

Y parece que hasta el momento, la Constitución de México no se ha tomado en cuenta al momento en que se está redactando y planificando la constitución local, la cual, más que estar llena de simbolismos sobre igualdad debe sentar las bases de cómo se deben aplicar y regular y obligar a los gobernantes a que se apliquen dichas normas, aseguró el especialista.

“Lo que me preocupa mucho es que no haya competencias, porque el artículo 16 de la Constitución nacional establece que las autoridades tienen que actuar de una manera competente, fundar y motivar, y deben tener una norma jurídica que actualice su actuación. Si la norma jurídica no existe la actuación de las autoridades es inválida”, dijo Cossio Díaz.

Lo más riesgoso, advirtió el académico, es que se están generando muchas expectativas en la gente, y cuando la sociedad capitalina se percate que las ideas plasmadas en la Constitución local son inaplicables, porque no hay un marco normativo que obligue a las instituciones o a los funcionarios a hacerlo, entonces el desencanto habrá de repercutir directamente en el estado de derecho, y los tribunales encargados de aplicar la ley.

“A la gente se le generan muchas expectativas de que se le van a satisfacer condiciones de vida que son muy relevantes, que les lastiman mucho, y después no se transforma nada, claro que la gente acaba por decir: ¡el orden jurídico es un chiste, no tiene ninguna relevancia, no trasforma…¡, y eso forma parte de los desencantamientos que estamos sufriendo en muchos ámbitos de nuestra sociedad”, lamentó.

Se deben redactar y proporcionar las bases legales para deslindar las responsabilidades a cada una de las instancias competentes y con ello evitar lagunas que a su vez van a generar corrupción en las instancias.

Si no tenemos esa diferencia bien establecida, sólidamente construida, técnicamente precisada, después vamos a entrar en confusiones muy graves, para establecer a quién le corresponden la vías primarias, las vías secundarias; a quién los baches, los agujeros”, dijo el constitucionalista .

Detalló que no sólo se trata de defender los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables sino de toda la ciudadanía de la capital, incluyendo su derecho a la vivienda, al agua, a la educación, al libre tránsito, a la libertada de expresión.

“Creo que la primera cuestión de importancia es definir qué va a hacer el Gobierno Central y su administración pública en relación con las demarcaciones territoriales y las alcaldías”, dijo en entrevista.

Otro de los puntos a tratar sería la agenda metropolitana, pues mucha de la problemática, como la contaminación o la delincuencia, ya no sólo son tema de la capital, sino también de la zona conurbada que tiene que ver son estado vecinos como Estado de México, Morelos, Puebla, entre otros, y que necesitan leyes contemporáneas aplicadas a la realidad común, y no sólo los convenios y tratados que no se cumplen.

“El otro punto es el de reforzar los mecanismos metropolitanos, sino se generan mecanismos muy poderosos entonces vamos a tratar de resolver problemas muy complejos, de viabilidad, contaminación, como el que tuvimos en el verano; y a través de convenidos que realmente no tienen la posibilidad de resolverlos”, dijo.

Pero tal parece que el Constituyente pretende que la Ciudad de México sea única, diferente al resto de las entidades del país, incluyente, moderna, tolerante, abierta, pero no está dando el marco normativo para que en la realidad sea la urbe que desean.

Inclusive hoy con el estatuto de Gobierno, se sabe a grandes rasgos que hacen las delegaciones, las secretarias de la administración del jefe de Gobierno, aunque siguen interpretaciones con muy poca claridad como el uso de suelo, vías primarias y secundarias, el uso de espectaculares, a quién le toca quitarlos, ponerlos, regularlos, dijo.

Lo que significa un traslape, continuo el experto, que a su vez genera corrupción, y una enorme ineficacia, que a la larga provoca que las personas se sientan sumamente lastimadas, pero en la nueva redacción esas cuestiones no se están planificando, y por el contrario se generan más lagunas.

“El problema de las constituciones es que después se piensa que en un pensamiento mágico, que porque las cosas se ponen en la Constitución o en una ley, tienen la capacidad transformadora, y eso no es así”, pues el derecho y la leyes son una inteligencia viva que hay que estará regulando y actualizando constantemente.

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