Investigaciones

Políticos y narcos, con un pie fuera de la cárcel por nuevo sistema penal

Los delitos como portación de arma de fuego, lavado de dinero y fraude, ya no están tipificados como graves.

Los delitos como portación de arma de fuego, lavado de dinero, fraude e incluso algún tipo de posesión de droga, ya no están tipificados como graves, por lo cual sus inculpados pueden seguir su proceso en libertad, de acuerdo con el artículo 5º transitorio del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Esto abrió la puerta para que personajes como el ex gobernador, Andrés Rafael Granier Melo; el empresario Amado Yáñez Osuna; el narcotraficante, Vicente Carrillo Leyva, y José Manuel Mireles, líder de las autodefensas, entre otros, hayan comenzado a solicitar su libertad provisional.

La ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, también solicitó dicho beneficio, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal; sin embargo, al igual que a Andrés Granier,  Amado Yáñez  y Manuel Mireles se les negó el beneficio, bajo el argumento de que el artículo quinto transitorio  no se encuentra por encima de la Constitución.

De esta manera, los juristas prevén que dichos asuntos tendrán que llegar  a los tribunales colegiados o  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no hay criterios establecidos para la ambigüedad de los artículos transitorios de la Miscelánea Penal y el artículo 19 de la Constitución.

Fuentes judiciales informaron que hasta el momento se han tramitado más de un millar de peticiones de libertad provisional,  de las cuales sólo se han otorgado dos en concreto, las de Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex secretario de finanzas de Guerrero, quien fue separado de su cargo en pleno escándalo del Gobierno de Ángel Aguirre y los desaparecidos de Ayotzinapa.

El otro caso es el de Alfredo Caso Velázquez, uno de los dos detenidos y procesados por el fraude de FICREA, y quien se desempeñaba como titular de la Notaria Pública, número 17 del Estado de México, acusado de lavado de dinero, junto con Rafael Olvera Amezcua, quien obtuvo el amparo definitivo contra la orden de aprehensión en su contra.

Dichas libertades se dieron entre los meses de febrero y mayo, cuando el sistema penal acusatorio entró en vigor en Guerrero, y sobre delitos de orden federal, entre ellos el lavado de dinero, y a excepción de estos dos casos, los jueces han comenzado a negar las libertades solicitadas, ya sea por delitos federales o del fuero común.

Al respecto, el abogado de “El Químico”, Eduardo Luengo Creel, confirmó la promoción de su cliente ante el Juzgado Tercero Penal sobre el auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero y defraudación fiscal.

“La libertad fue solicitada en Villahermosa en las causas del fuero común a la juez; sin embargo, envió exhortos al Rafael Granier para que lo ratificará él, pues de acuerdo a la redacción del artículo quinto transitorio de la nueva Miscelánea Penal la libertad la debe de pedir el imputado o indiciado”, confirmó Luengo Creel.

Detalló que la petición es sólo un primer paso de todo un proceso que se debe seguir hasta llegar al amparo, pues reconoció que la juez en Tabasco le negará dicho beneficio a su cliente como lo ha hecho con otras peticiones que se le han formulado.

“Después de ratificar el exhorto, lo que procede es esperar la negativa de la juez, para después solicitar el amparo en contra de dichas disposiciones.

Y al igual que otros colegas, no descarta llegar a los tribunales colegiados o  la SCJN.

“Entiendo que hay un problema de interpretación con lo que hace a los jueces de distintos juzgados del fuero común en distintos estados, y que los jueces de Distrito estarán esperando la interpretación definitiva de algún colegiado de su circuito o definitivamente de la SCJN, y todo indica que se tendrá que llegar hasta este punto ante la falta de claridad  de la definición legal de los artículos transitorios”, dijo el litigante.

¿Qué dice el artículo?

“Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas  por mandamiento de la autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base de la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada  en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o el imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas , para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales , habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue  y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la evaluación  del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 y 182 del citado Código”.

Otro de los argumentos legales que plantea la ley es que aquellos procesados que llevan dos años sin que se les dicte sentencia, serán puestos en inmediata  libertad, y según las estadísticas penitenciarias, son alrededor de 50 mil reos en todo el país los que se encuentran en dichas condiciones.

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