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Investigaciones

Nuevo sistema penal: liberación de delincuentes deja sentimiento de impunidad

El “exceso de garantismo” y la ineficacia de los encargados de integrar las investigaciones, permite que hasta la fecha 10 mil internos salgan libres.

En los primeros 17 meses del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, la liberación de delincuentes, incluso con reincidencia, va a la alta y se cuenta por millares…

Esto se debe a tres factores esenciales:

1.- El sistema garantista, que parte de la presunción inocencia y por lo que el Ministerio Público tiene la carga probatoria y debe demostrar la culpabilidad del indicado y no el acusado su inocencia (como sucedía anteriormente).

2.- La despenalización de varios delitos entre ellos fraude y corrupción, beneficios que otorga la ley para enfrentar el proceso en libertad, como medio alternativo de solución de controversias, acuerdos reparatórios, medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.

3.- La ineficacia de servidores públicos encargados de la aplicación diaria del sistema penal y de integrar las investigaciones, que deja en la ciudadanía y en las víctimas del delito una sensación de impunidad y creciente desconfianza en las autoridades.

Al grado que de 27 mil 194 carpetas de investigación que se abrieron, sólo 181 llegaron a una sala de juicio oral.

Todo eso ha provocado, en menos de dos años, una reducción del 26% de la población penitenciaria, que durante la administración de Marcelo Ebrard, llegó a su tope histórico de 42 mil 417 internos.

El objetivo del nuevo sistema es despresurizar las cárceles que estaban al punto de colapso por la sobrepoblación. Y hoy hay 31 mil 379 internos en la  CDMX, con tendencia a la baja.

Sin embargo, el “exceso de garantísmo”, ha provocado que los delincuentes pierdan el temor a ser detenidos por reincidir, ya que con este sistema no hay ninguna agravante por volver a delinquir.

Por ello en algunos sectores le han dado el mote de “puerta giratoria” al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, bajo el argumento de que los jueces están liberando a presuntos delincuentes, que tienen más de cuatro ingresos al reclusorio.

En su momento, el Gobierno capitalino llenó las cárceles bajo el plan “Cero Tolerancia”, con la consigna de que ninguna persona, así hubiera pruebas de sus inocencia, fuera liberada hasta que el juez determinara su situación jurídica, además de agravar varias conductas que no eran propiamente delictivas, sin derecho a fianza.

Al respecto, el abogado Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que ahora se requiere de otros años, según versiones de las autoridades, para ver los beneficios del Sistema Acusatorio, pero nunca previeron la impunidad que se iba a generar en ese lapso.

“En junio de 2016, fecha en la que concluyó el plazo de ocho años para su implementación –los cuales fueron desaprovechados–, con tristeza vemos que, aunque el sistema ya es obligatorio en todo el país y entró en vigor, se presentan enormes deficiencias que impedirán generar resultados positivos y muy probablemente habrá que esperar otro periodo adicional de ocho o 10 años para lograr los beneficios anhelados”, señaló Torres Landa.

“Inclusive en su momento la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) nos dijo ‘vamos a requerir de otro plazo adicional, no logramos concluir lo que la Constitución mandataba’, ahora en este plazo adicional vamos a tener que hacer lo que no se hizo en ocho años: capacitar integralmente a policías, recuperar y hacer que los ministerios públicos realmente cumplan con sus funciones, y también hacer lo propio con los jueces”.

Dijo que sólo con una combinación efectiva de esos tres factores y por supuesto con la denuncia ciudadana, se van a lograr los resultados deseados, pero eso no será en el corto plazo.

“Eso quiere decir que lamentablemente la impunidad seguirá campeando, la injusticia seguirá siendo una constante y por lo tanto los ciudadanos debemos tener mucha paciencia, mucho decoro, y una gran manifestación para reclamar que las autoridades hagan lo que les corresponde”.

“Se vendió una gran expectativa a la ciudadanía, se dijo que ese nuevo sistema iba atacar las causas que generaban la impunidad y la injusticia, pues ahora se tienen que tragar sus palabras, porque no cumplieron con esa expectativa y no la van a cumplir por muchos años más”, expresó el especialista.

De acuerdo con los datos de la Coordinación de Información Pública y Estadísticas del Poder Judicial de la CDMX, de junio del 2015 a octubre del 2016 el Ministerio Público envió ante los jueces 27 mil 194 carpetas de investigación de ellas, 77.5 %, 21 mil 072 se vincularon a proceso, y se decretó la prisión preventiva oficiosa para 599 personas.

En este sentido, después de la gestión judicial, audiencia inicial y etapa intermedia, sólo 181 asuntos llegaron al juicio oral; se dictaron 266 sentencias condenatorias, y 21 fallos absolutorios, cabe precisar que cada carpeta de investigación o juicio oral, puede tener más de un indiciado, pero las sentencias son individuales.

Derivado de ello se presentaron mil 183 apelaciones; se promovieron mil 309 amparos en contra de diversas actuaciones judiciales. Finalmente 277 carpetas fueron enviadas ante el juez de ejecución de sentencia, para verificar que se cumpla con el fallo judicial.

Del total de carpetas judicializadas en 20 mil 079 casos fue con detenido, y en 7 mil 115 sin detenido; además se impugnaron 839 carpetas, y 3 mil 672 fueron sobreseídas por el juez en la etapa de audiencia inicial, al considerar que no había elementos para procesar, entre otras cuestiones.

Durante la segunda etapa, cuando se pone a disposición del juez al indiciado, en 18 mil 994 casos se calificó de legal la detención, y en mil 394 de ilegal; además que se dictaron 21 mil 835 medidas cautelares, (cancelación de licencia, brazaletes de geolocalización, fianza, trabajo comunitario, control del desplazamiento territorial, restricción de acercarse a la víctima).

También se solicitaron 355 procedimientos abreviados a través del reconocimiento de responsabilidad; se llegó a mil 574 acuerdos reparatorios, el dato es significativo porque una de las premisas del Sistema Penal Acusatorio era la de resarcir el daño a las víctimas, ya que las estadísticas muestran que los ciudadanos prefieren obtener las medidas cautelares antes de remediar los que dañaron.

Otro de los beneficios que se recurre con frecuencia es la suspensión condicional de proceso, y aún cuando no se ha dictado sentencia se le puede dar la anuencia al indiciado de ser sometido a una prueba temporal y que no reincida en la conducta, se aplica en delitos culposos, no graves, o por querella, en este sentido se otorgaron 9 mil 093 beneficios, de esta manera fueron mil 110 carpetas las que llegaron a la etapa intermedia.

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