Investigaciones

“Lenones” de la propina. Las otras víctimas de la trata

mantas de balarinas en protesta

En reclusión hay más de 67 meseros, garroteros y disc jockeys que por recibir una gratificación fueron acusados del delito de trata.

En la Ciudad de México la trata de personas es un delito que sí se castiga, pero culpando a aquéllos que por error o necesidad han estado presentes en los operativos espectaculares de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF).

De acuerdo a la asociación Unidos Contra la Trata, en las cárceles de la capital del país se encuentran presas más de 219 personas por el delito de trata; sin embargo, una investigación de El Big Data Mx detalla que entre los procesados hay decenas de inocentes.

Y es que a pesar de que las propias “víctimas de trata” han negado –ante un juez– que sus compañeros de trabajo comercializaran con ellas, las autoridades capitalinas tienen presos, al menos, a 67 individuos desde hace más de un año.

Para las víctimas y presuntos victimarios –entrevistados por esta casa editorial–, el afán de la PGJDF por presentar rescates y convertir al Gobierno del Distrito Federal en un ícono del combate a la trata los ha llevado a fabricar culpables.

Entre los procesados hay garroteros, meseros, cantineros y hasta DJ (disc jockeys), que durante su turno laboral fueron detenidos por policías de investigación y presentados ante medios de comunicación como tratantes.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, reconoció que hay 44 quejas en ese órgano, incluidas las de inocentes detenidos por este tipo de delito.

Entre las presuntas víctimas, los señalamientos van más allá de una simple confusión, pues aseguran que fueron obligadas a firmar declaraciones ministeriales en contra de sus compañeros de trabajo o, de lo contrario, irían a la cárcel.

Aun así, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibió, en fechas recientes, un reconocimiento por la “prevención, persecución, protección y asistencia a víctimas de trata”; principalmente por el endurecimiento de sanciones contra tratantes.

La bandera del GDF consiste en que es la única entidad en aplicar Extinción de Dominio a establecimientos donde hay explotación de personas; aquí se promovió la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual o Comercial Infantil, y aumentaron penas de prisión hasta en 40 años.

Por eso, el problema mayor radica en que existen deficiencias en la investigación y ejecución de los operativos orquestados por las autoridades locales, según la explicación de la ombudsman Perla Gómez.

Una de tantas

El 9 de octubre de 2014 se llevó a cabo un operativo en dos antros –el Champagne y el Reventón–, en los cuales las autoridades rescataron a víctimas de trata e hicieron una espectacular detención.

Alberto Jorge Calderón Ramírez, Miguel Ángel Merlos Martínez y Jesús Vargas Reyes estaban trabajando como meseros en el primer establecimiento, del cual salieron convertidos en supuestos tratantes. Hasta la fecha siguen presos y sin sentencia alguna.

“Alison”, una bailarina, fue rescatada esa noche, según la Procuraduría, junto con otras 18 mujeres que trabajaban en los bares; hubo 11 detenidos acusados de lenones.

“Soy bailarina. Trabajaba de vez en cuando y me iba a la hora que quería. Nunca nadie me obligó a nada, y mucho menos a prostituirme”, relata a El Big Data Mx.

Según su versión tras ser esposada y llevada a la Agencia 50 del Ministerio Público, fue obligada a firmar una declaración que ella no hizo. “Es un machote; nada más le cambian el nombre del bar y de los acusados”.

“Hasta de putas nos trataron. Nos manosearon, nos dijeron que si no firmábamos la hoja de la declaración nos íbamos a quedar detenidas por complicidad, nos iba a cargar la chingada y nos iban a trasladar a Santa Martha”.

Ella, al igual que sus compañeras, terminó por doblegarse ante las amenazas. La declaración asentaba que sus compañeros la tenían secuestrada y que era obligada a ejercer el sexoservicio.

Después, en el Juzgado 17 de lo penal reveló que fue obligada a firmar una declaración que no hizo; sus ex compañeros son inocentes.

En total, siete de las presuntas víctimas rescatadas han declarado a favor de los detenidos y denunciado que fueron obligadas a firmar un documento prefabricado por la PGJDF.

 “La trata no está en los bares, está en la calle. Hay muchas niñas prostituyéndose. Ahí sí hay trata. La Procuraduría busca donde no existe y donde sí hay no llega”, sostiene.

El caso de Jesús Gallardo Aguilar es similar. Él fue exhibido como tratante de personas y estuvo encarcelado durante un año, tres meses en el Reclusorio Oriente; la primera sentencia lo condenaba a 28 años, un mes y 15 días de prisión, y luego resultó absuelto.

Aunque salió de la cárcel en octubre de 2014 y recuperó su credencial de elector en agosto de este año, sigue fichado. “Los medios y las autoridades me exhibieron, pusieron mi nombre, y ahora que estoy libre nadie dice que soy inocente”.

El móvil

Los detenidos y víctimas observan un patrón de conducta en los operativos: una denuncia anónima, policías encubiertos que ingresan a los bares a ingerir bebidas alcohólicas y después realizan detenciones en donde los presuntos lenones son los empleados de bajo rango.

“Cortando cartucho y con armas largas ingresan muchos policías. Arrasan con todos; se meten hasta la cocina, y con golpes nos detienen sin decirnos por qué”, relata Miguel, uno de los aprehendidos en el Bar Champagne.

Detallan que en la mayoría de los casos son llevados a la agencia 50 del Ministerio Público, donde las mujeres son obligadas a firmar una declaración que no dieron, bajo una serie de amenazas.

Alberto, su compañero en el bar y en la cárcel, cuenta que en el reclusorio encontraron más casos en los que las supuestas víctimas fueron obligadas a firmar declaraciones prefabricadas.

El día de su detención, la Procuraduría emitió un comunicado titulado “Rescata PGJDF 19 víctimas de trata en Iztapalapa”, en un operativo en el que hubo 11 detenidos que forzaban a las víctimas a ejercer el sexoservicio.

Sobre ello, Perla Gómez, titular de la CDHDF, dice: “Tenemos a aquéllos que en ciertos operativos de combate a la trata de personas terminan como presuntos responsables y son personas que no tienen nada que ver como meseros, asistentes…”.

Y afirma que revisarán los operativos “para alertar a la autoridad lo que no debe hacer y para que sea efectiva en la persecución del delito y no en la creación de culpables”.

La contraparte

Juana Camila Bautista Rebollar, titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la PGJDF, dice enfática que hay “un ataque frontal al ilícito de trata en el Distrito Federal”.

En entrevista con El Big Data Mx asegura que los operativos son metódicos y que en la dependencia no se fabrican culpables.

El combate –como ella lo define- es mediante investigación encubierta y a través de la denuncia anónima de la sociedad civil y se actúa en flagrancia.

Sobre las denuncias en contra de la Fiscalía arenga que son mentiras y agrega que la PGJDF tiene ocho denuncias de víctimas, que fueron obligadas por tratantes a cambiar su primer declaración.

Añade que toda persona que obtenga un beneficio económico por la explotación de otra, comete el delito de trata de personas: “Por eso hay meseros que son consignados”.

“Los meseros por dicho de los clientes y de las víctimas son los que las promueven diciéndoles ´te traigo a la mejor chica´ y reciben propina. La ley dice que quien promueva y reciba un beneficio económico comete el delito de trata, en este caso, a través de la propina”, concluyó.

Las voces de la trata

Michelle, de víctima a victimaria

De víctima a victimaria, así cambió el estatus legal de “Michelle” tras negarse a firmar una declaración falsa en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en la que inculpaba a sus compañeros de trabajo de ser lenones, de prostituirla y de tenerla secuestrada en el Bar Caligula Roma donde trabajaba como bailarina.

Durante seis días “Michelle” estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, luego salió libre “por falta de elementos para procesarme”.

“Era viernes, llegaron camionetas con policías encapuchados y armas largas; rompiendo cámaras de seguridad e insultándonos. En ese operativo iba Juana Camila quien me jaló del cabello porque me vio tratando de hablar por teléfono”.

La primera agresión que relata Michelle es la hecha en manos de Juana Camila Bautista Rebollar, la Fiscal para la atención del delito de trata de personas de la PGJDF.

Michelle tuvo que quitarse la ropa que vestía para guardarla, según le dijeron, como prueba de que era víctima de trata. Luego fue trasladada a la agencia 50 del Ministerio Público, conocida como el Bunker.

“Nos trataron como putas, nos golpearon, nos sacaron del bar con mentiras y agresiones y nos llevaron al Bunker. Ahí me estuvieron torturando psicológicamente para hacer una declaración totalmente falsa”.

La condición para salir rápido del Bunker era firmar una declaración ministerial responsabilizando al gerente, meseros y capitanes del Caligula de tratantes.

“Cuando leí la declaración decía que me prostituían, que me tenían sometida y me negué a firmarla. Me golpearon dos veces y como no quise firmarla me pegaron otra vez y me avisaron que cambiarían mi calidad de víctima a presunta responsable”. Así llegó al penal de Santa Martha acusada por el delito de trata de personas y corrupción de menores.

La mujer denuncia que en el Bunker fue desnudada, insultada y amenazada por personal de la Procuraduría capitalina de dar aviso a su familia de que se dedicaba a la prostitución y de que era tratante.

Michelle es candidata para practicarle el Protocolo de Estambul, utilizado para documentar la tortura, tratamientos crueles, inhumanos y sus consecuencias, tras su detención en febrero de 2014.

“Ellos me hicieron vulnerable, por toda la violación a mis derechos, no me dejaron hacer una llamada, me desnudaron policías que no nos bajaron de putas `aquí si les da pena, pero allá… pinches putas´, así nos decían”.

La mujer sigue bailando, acaba de terminar la preparatoria y pretende ingresar a la universidad, su familia sabe que su trabajo es sobre una pista y confirma que aún tiene coraje.

“Que te culpen por hacer algo que no hiciste y que te estén torturando con que te vas a quedar muchos años ahí por no querer inculpar a la gente inocente da coraje. La familia lleva todo el peso, son gastos, desgaste, dinero”.

Michelle presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), otra en la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la PGJDF en contra de Bautista Rebollar. Tras un año siete meses de su detención no ha habido respuesta a esas denuncias.

La tortura de Emmanuelle

Tras 17 horas de tortura psicológica, golpes y amenazas hechas por personal de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Emmanuelle accedió a firmar una declaración en la que culpaba a meseros, garroteros, cajeras, personal de vigilancia, boleteras, y otras de sus compañeras bailarinas de ser tratantes de personas.

La firma garantizó su libertad. Emmanuelle abandonó las instalaciones de la agencia 50 del Ministerio Público, conocida como el Bunker pero también contribuyó a mantener en prisión a 25 personas del bar Calígula, quienes poco a poco fueron absueltas y puestas en libertad por falta de elementos.

“Ya no aguanté y por eso accedí a firmar. Estuve incomunicada, no me dieron agua, me siguieron maltratando y amenazando y finalmente accedí porque me cansé de que me estuvieran insultando, golpeando y jaloneando, no pude más con eso, aguanté lo más que pude y llegó el momento en que no pude más”.

La declaración hablaba de las comisiones que Emmanuelle supuestamente recibía por vender una copa o hacer un baile, hablaba de sexo y prostitución.

“Ante un juez fui a cancelar mi declaración, dije que había sido obligada a firmarla, ese día fuimos 17 mujeres a cancelarla porque a todas nos trataron igual, todas fuimos obligadas a fabricar culpables”.
“Incluso había dos declaraciones de unas mujeres que nadie conocía y casualmente eran las más fuertes”

La juez reconoció que era una farsa. Tras ocho meses todos los implicados quedaron en libertad.

“El día que me detuvieron me invitaron a hablar ante los medios de comunicación antes de hacer mi declaración y accedí. La fiscal, (Juana Camila Bautista Rebollar) empezó a culparme diciendo que me vio en el salón con ropa interior y respondí que sí y que cuál era el problema porque esa es la ropa que requiero para ese show”.
“Luego dijo que yo mostraba mi cuerpo y le respondí que sí, pero que es mi cuerpo y sobre él yo decido, todo esto frente a las cámaras y ordenó que me sacaran. Después empezó la agresión”

Emmanuelle relata que la primera intimidación fue decir a su familia el trabajo que tenía y como no le dio importancia comenzaron los empujones, golpes y amenazas.

“La abogada de oficio que estaba conmigo me decía que firmara para evitarme todo el maltrato”.
“Mi respuesta siempre fue no, no voy a firmar tantas mentiras, a mí nadie me prostituye, yo decido sobre mi cuerpo y sobre mi vida”.

Emmanuelle reconoce que tuvo miedo y firmó, que se retractó para enmendar el error, que tras ese hecho la amistad con sus compañeros no volvió a ser la misma, que ella jamás será la misma.

Sigue bailando,porque le gusta y porque ese es su trabajo.

“El Bueno” 

Alejandro Pineda Rosas lleva más de cinco meses recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, también es acusado por el delito de trata de personas. Relata que su detención ocurrió en “La Chelería de la 11”, ubicada en la delegación Iztapalapa y tras un operativo realizado por la Policía de Investigación.

Alejandro asegura que él era cliente del lugar y era la primera vez que iba. Fue acusado de ser el dueño o encargado de La Chelería y por eso está en la cárcel.

“Me dijeron que yo era el bueno (…) que ya me habían identificado, que yo era el encargado”.

Las otras voces

“No somos víctimas de trata, la bailarina erótica no es prostituta, pero respetamos esa labor”, es lo que dice Morelia Tovar, presidenta del Movimiento Pro Entretenimento Erótico, creado después del espectacular operativo en el bar Caligula Roma en el que supuestamente se “rescataron” víctimas de trata y se detuvieron a padrotes que meses después fueron absueltos por falta de pruebas.

More Tovar, como la conocen, acusa que la Procuraduría General de Justicia del DF está construyendo culpables.

“Están construyendo una farsa porque en los centros nocturnos no hay prostitución”.

“Es un trabajo como cualquier otro, tenemos un contrato, nos pagan por bailar y tenemos prohibido salir con los clientes, tenemos mucha vigilancia para prevenir cualquier tipo de delito, estamos organizados”.

Carlos Alberto Landa Silva, presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, integrada por negocios donde la actividad principal es el baile erótico conocidos como table dance explica que hay una campaña en contra del trabajo de bailarinas, meseros, garroteros, vigilantes, personal de limpieza, maquillistas, y todo aquel que labore en los centros nocturnos.

“Confunden el delito de trata de personas con un espectáculo de baile, llegan en operativos espectaculares, agreden y torturan a las bailarinas, trabajadores y hasta clientes para presentar delincuentes y más números en el combate del delito”.

Landa Silva es el abogado de los detenidos en el bar Calígula Roma y explica que hay ilegalidad en las detenciones, coerción para firmar declaraciones e imputaciones falsas por el delito de trata de personas.

La asociación ha ayudado a ingresar cinco quejas ante la Comisión de Derechos Humano del DF (CDHDF), ninguna ha prosperado.

“Tal parece que la Comisión no quiere molestar al jefe de Gobierno porque no han hecho nada. Las bailarinas fueron detenidas con violencia, fueron torturadas para firmar declaraciones inculpando a otros compañeros”.

“Con esta política de persecución y criminalización se están violando el principio de inocencia, porque los trabajadores son exhibidos en los medios como delincuentes, se viola el debido proceso porque los operativos siempre se llevan a cabo de la misma forma, con policías infiltrados, con violencia, con armas largas, no los dejan hacer la llamada telefónica a la que tienen derecho”.

Luis Genis, mesero del bar Queens, explica que hay un protocolo en los centros nocturnos “no hay sexo en los negocios, hay cero tolerancia a las drogas y hay tres premisas: seguridad, transparencias y legalidad.

“Todos se dicen inocentes”: Rosi Orozco

Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos V/S la Trata califica el actuar de la Procuraduría del DF como uno de los mejores protocolos para el combate del delito de trata de personas, asegura que la PGJDF destaca a nivel Latinoamérica.

Sobre las denuncias en las que se acusa a personal de la Procuraduría de obligar a las víctimas a firmar declaraciones prefabricadas, la activista asegura que desconoce esos casos y que además podrían ser producto de los empresarios de los antros y bares que se ven afectados con la aplicación de la ley.

“Mucho de lo que se argumenta, con manipulación de los dueños de los giros negros, es que ellas (las víctimas) estaban por su propia voluntad”.

“Las chicas muchas veces dicen que estaban en ese lugar porque querían y si nada más estaban bailando no tiene nada de malo y no deberían de cerrar esos lugares, pero cuando hay explotación de la prostitución ajena y cuando el dueño del lugar está explotando a una, a 10 o a mil ese lugar se cierra, ese señor se debe ir a la cárcel y en ese lugar se debe hacer extinción de dominio porque la ley no castiga a ninguna chica que siendo libre decide trabajar en trabajo sexual pero sí a los pseudoempresarios que ganan dinero de prostituir a alguien”.

“La mayoría de la gente que está en la cárcel dice que no cometió un delito… Las personas que están ganado dinero están tratando de defender su negocio porque sí hemos afectado sus intereses y van a intentar modificar la ley”.

Rosi Orozco asegura que el delito de trata en el DF se combate de manera eficiente y ella sólo canaliza las denuncias sobre el delito, ayuda a las víctimas y las reintegra a una vida social mediante tratamientos psicológicos y atención.

 

 

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