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La tortura en las venas del Peñismo

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El máximo histórico de estas quejas fue en 2015, al aumentar 1,500%, que es el año en el que se registró el caso Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto los casos de tortura se dispararon…

En 15 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que se han abierto 239 expedientes de queja por este tipo de prácticas; 49 de ellas –el pico más alto en la historia de la Comisión– se registraron en 2015.

Ese año las quejas crecieron 1,500% al pasar de tres en 2014 a 49, periodo en el que se presentó uno de los casos que marcaron el Gobierno peñista: la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ni siquiera durante la denominada Guerra contra el Narcotráfico, que encabezó el ex presidente Felipe Calderón, se reportó un número así, ya que el año más crítico había sido 2011 con 42 expedientes de quejas por tortura.

En total, durante el sexenio calderonista se iniciaron 130 quejas, según la tabla de estadísticas del Informe de Actividades 2014 de la CNDH.

Este mismo documento reporta que entre los años 2000 y 2014 se registraron 190 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con actos de tortura y nueve mil 988 acerca de tratos crueles, inhumanos o degradantes; eso sin contar indagatorias de las comisiones estatales de cada entidad.

Mientras que en 2015, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH reportó que Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Michoacán presentaron la mayor incidencia de quejas vinculadas con la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pero a nivel nacional, la cifra ascendió a 677 quejas, 49 sobre tortura y 628 relativas a trato cruel, inhumano o degradante, refiere el informe de la CNDH.

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a través del informe 2016/023, denunció la  prevalencia de tortura y otros tratos crueles como una práctica recurrente durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez.

El Estado mexicano informó que la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con dos mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal.

“La respuesta estatal ante los casos de tortura, al igual que las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales es débil e insuficiente”, detalló la CIDH.

El método de investigación

En fechas recientes se dieron a conocer algunos videos sobre actos de tortura aplicados por integrantes de diversas corporaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el Ejército Mexicano y la Policía Federal.

Al respecto, el abogado Juan Velázquez Evers reconoció que inevitablemente la tortura en México es un método de investigación por la falta de preparación y adiestramiento de las distintas policías encargadas de la prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia.

“El tema de la tortura en México está legitimado porque no hay quién investigue o que establezca acusaciones con bases científicas. La ironía es que de cada cuatro, tres aceptan la tortura como un método de investigación”, dijo el académico.

Lamentó que haya violaciones a las garantías individuales de los detenidos por parte de algunos elementos del Ejército Mexicano, pero consideró que es por la ineficiencia de las policías municipales, estatales y federales.

“El problema radica en que en México no tenemos policía. México tiene una de las 10 policías más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina, la segunda más corrupta a nivel internacional”.

“Además de que hay 400 municipios sin elementos de seguridad, 800 con policías que apenas saben leer y escribir, con nivel escolar de primaria, y 75% de ellos infiltrados por la delincuencia organizada”, dijo el abogado.

Por ello, los militares han salido de sus cuarteles para realizar labores de patrullajes que no les corresponden, y cuando se comportan como soldados, que es para lo que fueron preparados, los meten a la cárcel.

Y es que la tortura ha sido históricamente uno de los métodos más recurrentes para obtener confesiones de los detenidos y así las autoridades puedan cuadrar las averiguaciones respecto a su capacidad de investigación e intereses, particulares o políticos, denunció el ex ombudsman capitalino Luis González Placencia.

“La tortura sigue siendo un sustituto de la investigación que permite crear culpables, generar historias y formar parte de la mentalidad de las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas, que está muy arraigada y es difícil de erradicar”, denunció.

González Placencia alertó sobre las organizaciones sociales que exigen negar la protección de la justicia para los presuntos criminales e inclusive legitimar la tortura como método de investigación.

“Lo que es preocupante no es que existan estas organizaciones; uno esperaría que miembros de la sociedad civil organizada, que es precaria de por sí, tuvieran una posición proderechos, pero lo que resulta verdaderamente angustiante es que haya autoridades que les hacen caso. Lo que se vuelve un riesgo es cuando jueces o legisladores les dan espacio a sus posiciones o, bien, cuando los medios de comunicación les abren el micrófono para denostar a quienes defienden los derechos humanos”, lamentó el experto.

Gritos de auxilio

En el segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa se señaló que de los 80 detenidos en ese momento, 77% mostraban lesiones que al ser puestos a disposición del Ministerio Público no presentaban.

“‘Ya caíste, Cheje; más vale que hables’. De ahí me torturaron, me dieron bolsa, golpes y de estas chicharras, y ya les dije lo que yo sabía. Dijeron: ‘Tú cooperas y te vamos a echar la mano’; yo cooperé en lo que yo sabía…”, cita la ampliación de declaración de Agustín García Reyes, acusado del secuestro y homicidio de los 43 normalistas.

“Es mentira como dicen que nos agarraron. Se metieron a la casa, me empezaron a golpear y a patear. Me subieron al vehículo, me vendaron de ojos y me amarraron de pies y manos. Volvieron a golpearme y a dar toques, y me pusieron un trapo en las narices; así se pasaron varias horas…”. 

“… Ya después me decían que cuando me dejaran y me preguntaran que si me golpearon dijera que me había caído de la barda, porque si no se iban a desquitar con mi esposa e hijas. Me amenazaban con hacerme pedazos y echarme en una bolsa […]”, se lee en la ampliación de declaración de Patricio Reyes Landa el Pato, detenido por la desaparición de los normalistas.

“Me golpearon, me patearon, me subieron a un vehículo, me vendaron de ojos y me amarraron de pies y manos. Me pusieron un trapo en la nariz echándome agua y me dieron toques adentro de la boca y en los testículos. Me pusieron una bolsa en la cara para no respirar”, declaración de Jonathan Osorio Cortez, detenido por el caso Ayotzinapa.

Amnistía Internacional alerta sobre esta problemática

Amnistía Internacional informa que en 2014 hubo más de dos mil 400 denuncias de tortura –el doble que en 2013–, pero el Gobierno no tiene datos de que se haya acusado a nadie.

A través de su página de internet, detalla que las denuncias de tortura y otros malos tratos incrementaron 600% en los últimos 10 años (2003-2013), mientras que en 23 años sólo se concretaron siete condenas federales por tortura.

El organismo advierte que es difícil acreditar este tipo de abuso, ya que sólo una de cada 20 personas que presentan denuncias por tortura es sometida a un examen médico oficial, y a menudo dichas pruebas se hacen meses e incluso años después de haberse producido la tortura.

De todas ellas, sólo una fracción consiguen que sus denuncias sean reconocidas por los expertos oficiales.

En un estudio publicado en 2015, establece que es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, pues eso priva de protección a miles de víctimas.

“Es fundamental que toda legislación sobre la tortura deje a decisión de los jueces la cuestión de la gravedad, con el fin de permitir una investigación adecuada de posibles casos de tortura y otros malos tratos”, cita.

Asimismo, Amnistía Internacional alerta que muy pocos reclusos que fueron víctimas de tortura  o malos tratos durante su arresto habían presentado denuncias formales sobre estos sucesos, por temor a que pusieran en peligro sus procedimientos judiciales o dieran lugar a represalias contra ellos o sus familias.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, advierte en su estudio.

De esta manera, el organismo internacional recomienda que primero se defina adecuadamente la tortura de acuerdo con los más elevados estándares internacionales.

Asimismo, que incluya disposiciones específicas que pidan un rápido seguimiento de las denuncias de tortura; esas disposiciones deben incluir la obligación concreta, con un plazo determinado, para que los agentes del ministerio público hagan un seguimiento de las denuncias de tortura que les hayan sido remitidas por los jueces, y la obligación de que los médicos oficiales informen de inmediato sobre las señales de tortura que presenten los detenidos.

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