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La séptima y se van, el ocaso de la ALDF

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En sus siete legislaturas, la ALDF se caracterizó por su opacidad y baja productividad; en 2017 surgirá el primer Congreso de la CDMX.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está a punto de desaparecer. A dos años de que termine su ciclo de vida, hay una constante que dejaron sus siete legislaturas: opacidad y nula rendición de cuentas.

En sus 19 años de existencia también queda rastro de un cúmulo de leyes polémicas y otro tanto de absurdas, decenas de conflictos, planchones y dispendios…

Así lo consideran analistas, organizaciones civiles y especialistas que fueron testigos del trabajo legislativo del Distrito Federal durante dos décadas.

Hasta antes de 2000, el desempeño legislativo estuvo condicionado sólo al partido gobernante; el PRI predominó los primeros años y el PRD, después, como lo señala la politóloga Rosa María Mirón Lince, en su libro El Poder Legislativo en el Distrito Federal: La II Asamblea Legislativa.

Los comicios de ese año permitieron que existiera mayor equilibrio de fuerzas políticas. Sin embargo, aunque el balance del funcionamiento no resultó positivo, ya que al estar condicionados por la historia institucional de sus partidos, los acuerdos para la gobernabilidad de este órgano legislativo fueron pocos.

Pasos tibios

Para Kherwing Puente, especialista en materia de transparencia por la UNAM, fue hasta 2000 que en la ALDF empezó a haber más competencia electoral y a presentarse propuestas de gestión para tener mayor acercamiento con la ciudadanía, pero en completa opacidad.

Esto coincide con un análisis que Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., arroja:

“La IV Legislatura de la ALDF, en su primer periodo de sesiones, no recogió las demandas ciudadanas en materia de transparencia y rendición de cuentas ni de derechos humanos”.

Para el organismo, la ciudadanía debe conocer el trabajo que por mandato tienen que realizar los asambleístas. Las iniciativas de ley que se presentan, las que se dictaminan en comisiones y las aprobadas o rechazadas por el pleno deben ser de conocimiento público.

En el Reporte Legislativo que la firma Integralia Consultores realizó en materia de transparencia y el acceso a la información durante la V Legislatura, también se advierte que la opacidad y la rendición de cuentas fue el mayor problema.

De acuerdo al documento, las obligaciones que muestran el nivel de cumplimiento más bajo son las que tienen que ver con el ámbito presupuestal y es que nadie se hace responsable de la comprobación de sus propios gastos.

“Hay resquicios que favorecen la opacidad. Por ejemplo: la Asamblea es débil al exigir rendición de cuentas a los grupos parlamentarios, ya que son estos mismos los encargados de comprobar los recursos asignados y publicar la información en el sitio de Internet”, advierte el documento.

En esta postura coincide Kherwing Puente al señalar que no se sabe para dónde van los recursos “estratosféricos” que reciben los legisladores y, que incluso, son mayores los destinados a los senadores.

“Los perciben a través de partidas que no se transparentan, a partir de recursos que se distribuyen de forma discrecional sin contar la posibilidad de otras formas de recursos de manera ilegal”, indica.

Si bien es cierto que en 2009 la presión social obligó a los legisladores a promover acciones de transparencia e incluso hubo una reforma en 2010, para que sus propias disposiciones normativas hicieran más transparentes sus actividades, fue imposible implementarlas porque llegó la V Legislatura.

De hecho, la V Legislatura representó el mayor retroceso en las últimas tres legislaturas; no hubo políticas de transparencia, y sí simulación en el manejo de los recursos ante la nula sanción para los legisladores.

La bizarra productividad legislativa

Al realizar un balance del desempeño de los diputados locales, el analista político Fernando Dworak considera que el término productividad es demasiado subjetivo para  un órgano legislativo.

“La Asamblea o un congreso local actúa bajo fines políticos y mueve su agenda según la capacidad de negociación que tengan los grupos parlamentarios. Entonces hablar de una productividad comprendida como un número de leyes aprobadas o entendida de manera cuantitativa no aplica”, afirma.

En su opinión, la productividad legislativa está vinculada al nivel de cumplimiento de las expectativas o demandas de los ciudadanos respecto al desempeño de los diputados, y para ello es indispensable una vigilancia constante.

Dworak advierte que tratar de establecer mecanismos de relación como número de iniciativas presentadas contra número de propuestas aprobadas es un sinsentido, ya que un legislador no presenta iniciativas porque tenga la intención de que sean aprobadas, sino porque políticamente le conviene.

“Un primer criterio es que son una forma de posicionarse ante los electores, otro criterio es por una coyuntura y, tercero, la capacidad que tengan algunos grupos de la sociedad para convencer a un legislador sobre un tema; irnos por el número de propuestas presentadas contra iniciativas aprobadas no indica absolutamente nada”, asevera.

PUNTO X PUNTO

 

  1. Con la reforma política para el Distrito Federal, éste se convierte en una entidad más denominada Ciudad de México, por lo que podrá contar con su propio Congreso. Previo a ello, la Asamblea Constituyente deberá aprobar en 2017 la primera Constitución local.

 

  1. La conformación de la Asamblea Constituyente puede representar la mejor oportunidad para reconstruir al órgano legislativo local, asegura Kherwing Puente, pues hace falta ética parlamentaria, reorganización administrativa y profesionalización del personal de apoyo.

 

  1. Al convertirse en Congreso local, explica Fernando Dworak, los diputados tendrán mayores facultades, pero esto no significa un cambio real en la forma de operar. Además de la Constitución, se debe redactar una Ley Orgánica y sus reglamentos.
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