Lucha TSJ capitalino por conservar su poder

6 marzo 2017 6:00 am

En medio de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México, el poder Judicial local abrió fuego en contra del Legislativo por una supuesta invasión de competencias.

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX), Edgar Elías Azar cuestionó las atribuciones de la Asamblea Constituyente para ordenar sobre su organización interna, pues en la Carta Magna local acotó los tiempos y las posibles reelecciones del presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura local.

Esto toma relevancia porque Elías Azar ha estado al frente de ambos órganos desde 2008 y se ha reelegido en dos ocasiones, la última en el 2015 y su encargo culmina en 2018, con lo que cumpliría 11 años al frente del Tribunal, dos periodos de cuatro años, y uno de tres.

Ante esta supuesta violación a su autonomía, el Tribunal anunció la impugnación de dos artículos, el 35 y 37 de la Constitución local, a través de una controversia constitucional que presentará el Pleno del Consejo de la Judicatura local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los magistrados consideraron que esta “injerencia en la vida interna del órgano”, atenta contra su buen funcionamiento, “transgrediendo la autonomía y la división de poderes”.

A finales de febrero, 71 de los 76 magistrados que conforman el Pleno del TSJ capitalino votaron a favor de combatir también los preceptos que establecen que el magistrado presidente no podrá permanecer más de un año en su encargo, ni ser el mismo que presida el Consejo de la Judicatura, así como la creación de un Consejo Judicial Ciudadano.

¿Qué dice la Constitución?

El apartado noveno, del inciso B del artículo 35 de la Constitución capitalina señala que: “Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado”.

Asimismo, se ordena que el Consejo de la Judicatura quedará integrado por siete consejeros, que serán designados por un Consejo Judicial Ciudadano, y de los cuales sólo tres deberán tener carrera judicial.

Por ello, la duración en el cargo como jueces y magistrados será de seis años, y después deberán someterse a una evaluación pública, y en su caso se ratificará su nombramiento, además no podrán tener más de 60 y 70 años de edad respectivamente, para estar en el cargo.

-“El Consejo (de la Judicatura) se integrará por siete consejeras o consejeros designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial. Quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia.

-“Las y los consejeros de la Judicatura, durarán seis años en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

– “Las y los Consejeros de la Judicatura elegirán de entre sus miembros, por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo tres años sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado.

-“Las y los consejeros serán sustituidos en forma escalonada cada dos años”.

Por otra parte, el artículo 37 establece la conformación del Consejo Judicial Ciudadano, el cual tendrá la facultad de nombrar a cinco de los siete magistrados que integran el Consejo de la Judicatura local.

El magistrado presidente, Edgar Elías dijo en entrevista que aunque la Constitución se trate de un documento de vital importancia para la capital del país, no todas las partes van a estar de acuerdo con lo que quedó plasmado en ella, por ello, deberá ser la SCJN quien interprete el documento para evitar futuras “chicanas” a través de los juicios de amparo.

“O sea, no va a lograr el consenso del cien por ciento de las personas que estamos obligadas a respetarla. El disenso es bueno. ¿Qué es lo que está pidiendo el Tribunal? Simplemente es una interpretación de la Suprema Corte de Justicia para que después no salgan amparos, chicanas, recovecos, y toda esta suerte de cosas que permiten los amparos”.

Explicó que será la Corte quien haga una interpretación constitucional y establezca las bases sobre la organización del Tribunal, pero aclaró que no se trata de un enfrentamiento o pleito entre poderes.

La Suprema Corte, en caso de aceptar la controversia, deberá definir sobre las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano en la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal, pues es ahí donde se pueden hacer interpretaciones antijurídicas.

“Ahí ya hay algunas interpretaciones ya dadas por la Corte; la Corte se pronunció en algunos temas y lo que queremos es ver que no vaya a declarar inconstitucional una situación que en este momento se pudiera evitar, digamos, actos jurídicos, actuaciones jurídicas que después puedan ser declaradas nulas”, dijo el magistrado.

Cabe destacar que las controversias constitucionales son juicios que se promueven, en única instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de Gobierno, y lo que en ellas se impugna es si alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial o si violenta de alguna manera el orden constitucional, incluyendo tanto en parte dogmática como orgánica.

Los claroscuros de Elías Azar

El magistrado presidente ha sido una figura polémica durante sus nueve años al frente el Tribunal, y si bien abrió el órgano a la opinión pública y modificó la infraestructura penal para la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, también ha sido señalado de tener algún tipo de injerencia sobre temas coyunturales no sólo de la Ciudad de México.

Por ejemplo, el caso de la discoteca New’s Divine, uno de los juicios penales más prolongado en la historia del Tribunal, 8 años y 9 meses. Fueron procesadas 35 personas, de las cuales sólo una, un civil, Alfredo Maya Ortiz, está en la cárcel.

Mientras tanto, Guillermo Zayas González, ex mando de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y quien ordenó el operativo en el que murieron 12 personas, sigue eludiendo la acción de la justicia a través de juicios de amparo, y se prevé que Elías Azar concluya su mandato y Zayas González siga sin recibir sentencia.

Asimismo, TSJDF se negó a cumplir con los puntos recomendatorios de la CNDH sobre la reparación del daño y la disculpa pública para Ana María Orozco, ex pareja sentimental del ex ministro de la SCJN, David Góngora Pimentel, luego que la Juez 69 la sometió a juicio, e inclusive ordenó someterla a prisión por exigir pensión para sus hijos.

Por otra parte, uno de los principales detractores de Elías Azar, el juez Justino Montes de Oca, fue acusado penalmente por acoso sexual, discriminación, prevaricato, obstrucción de la justicia. Al final fue exonerado a través del amparo, y se ordenó su restitución, pero se autoexilió a los Estados Unidos por miedo a represalias.

También, la juez 69 penal, la misma que llevó el caso Góngora, le negó la libertad bajo caución a la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, Paula Cussi Matute, quien reclamó parte de la herencia que por derecho le pertenecía, a lo que se opuso el Corporativo Televisa, que llevó el caso a los tribunales.

Después de 7 años de prisión Lorena González Hernández, señalada como secuestradora y homicida de Fernando Martí, fue liberada, pero no por sentencia absolutoria del juez, sino porque la PGJDF se desistió de la acusación.

En el 2011 fue presentado el documental Presunto Culpable, la historia de Toño, joven que enfrentó un proceso judicial lleno de vicios e inconsistencia por un homicidio de que no cometió. Fue liberado por falta de elementos para procesarlo.

Cabe precisar que Elías Azar no ha formado parte directa la mayoría de los casos que aquí se exponen, pero ha sido señalado de tener alguna injerencia sobre el ánimo de sus jueces.

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