22 de Septiembre de 2017
Investigaciones

La delincuencia juvenil va a la alza en la CDMX; narcomenudeo y robo, los principales delitos

RECLUSORIO

Mientras los delitos por parte de adolescente crece, los especialistas señalan una falta de programas de prevención.

La falta de programas para la prevención de delitos dirigidos a la población juvenil en riesgo contribuye en la alza del número de menores de edad que han tenido o tienen problemas con la justicia.

En el último año, la incidencia delictiva por parte de adolescentes en la Ciudad de México incrementó 121%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX).

Entre enero y octubre de 2015, la SSP-CDMX aprendió a mil 120 adolescentes, mientras que en 2016, durante el mismo periodo, hubo dos mil 484 detenciones. Es decir, la incidencia de delitos cometidos por menores de edad creció en 2016.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2016, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la CDMX sólo 874 adolescentes fueron procesados.

Los delitos cometidos por adolescentes registrados por este censo se distribuyeron de la siguiente manera: narcomenudeo (203), robo (154) y feminicidio (28). Le siguen violación (9), daño a propiedad (8), homicidio (6), violencia intrafamiliar (6) abuso sexual (4), delitos contra seguridad pública (3), allanamiento de morada (2), secuestro (2), encubrimiento (2) fraude (1), extorsión (1), despojo (1) y otro tipo de delitos del fuero común (7). En 437 casos, el censo no especifica el delito.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014 (Inegi) situó a la capital del país como la entidad con mayor incidencia delictiva en adolescentes al registrar 21%; 10 mil 697 menores imputados, del total nacional que fue de 49 mil 051 adolescentes.

Sin estrategias para la prevención de delito

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y Paulina Sánchez, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios en Derechos Humanos, concuerdan en que es difícil determinar si ha habido un aumento focalizado de delitos cometidos por adolescentes, pues crece a la par que la violencia del país y el índice de “cifra negra” sigue siendo altísimo, 94% según el Inegi.

En México no existe una estrategia de prevención del delito, ya sea para adultos o para adolescentes. Incluso, este año, desapareció el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), que en 2016 tuvo un presupuesto de dos mil millones de pesos (mmdp).

El reporte de Ethos, Descifrando el gasto público en seguridad, revela que actualmente, las acciones de prevención recaen únicamente en las Secretarías federales, que ejercen 139.1 mmdp en la materia (2.8% del presupuesto total del Gobierno federal).

La Secretaría de Educación Pública es la dependencia que más recursos destina (53%), pero hay algunas actividades, cuya relación con la prevención del delito no es clara, tale como: el sistema de becas Pronabes y el programa de escuelas de tiempo completo.

Al respecto, Rivas y Sánchez coinciden en que las estrategias implementadas por las Secretarías no se dirigen a jóvenes en contextos de riesgo.

Los adolescentes infractores se desarrollan en ambientes sociales adversos.

“En zonas donde se encuentra arraigada la comisión de delitos y ahí difícilmente tienen la oportunidad de salir o de ver ejemplos u oportunidades diferentes”, explica Rivas.

Paulina Sánchez explica que en el caso de los adolescentes, las políticas preventivas se han enfocado en la recuperación de espacios públicos y generar campañas en temas de educación y deporte, pero lo cierto es que se desconocen los objetivos que quieren alcanzar y los resultados de las mismas. “No hay una evaluación de éstas”, dice.

Rivas añade que se detectó que los jóvenes que aplicaban a estos proyectos ya estaban relacionados con el deporte y/o la educación, es decir, “ya estaban involucrados en actividades positivas”

“Y por el contrario, no lograron captar a jóvenes que tenían problemas con la ley o en situaciones de riesgo. Esta población no ha sido atendida”.

El desconocimiento de las características de la población juvenil en peligro de cometer delitos o que ya tienen o han tenido problemas con la ley entorpecen la planificación de buenas políticas de prevención, pues “el tiene que detectar a los jóvenes a los que le va a dirigir esas políticas”, advierte Sánchez.

Explica que aunque se piensa que el sistema de justicia para adolescentes es permisivo porque no existe una responsabilidad penal, “sí están tipificadas las conductas para que el adolescente sepa que ha cometido una conducta que es contraria a las reglas establecidas por la sociedad, por lo tanto tiene una responsabilidad y debe cumplir una medida o sanción”.

Estas medidas tratan de ser lo menos dañinas para la reincorporación del joven a la sociedad; sin embargo, cuando cometen delitos de alto impacto como homicidio, sí hay una privación de la libertad.

Sánchez considera que el problema del sistema de justicia en adolescente radica en la implementación, ya que el diseño normativo y legal son buenos, pero no existen capacidades a nivel nacional para ejecutar este tipo de medidas.

“Toda la cadena está rota: no hay prevención, no hay políticas de reacción, no hay políticas de readaptación ni de reinserción en la sociedad. El aumento de la delincuencia juvenil es un tema de crecimiento de la violencia en un contexto donde nadie está haciendo lo suficiente”, concluye Francisco Rivas.

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