26 de Septiembre de 2017
Investigaciones

Juzgados con “M” de mediáticos y a modo

La aplicación de derecho penal en la capital del país se hace a la carta; en muchos casos, los acusados quedan en libertad por errores en el debido proceso o presiones sociales.

El Nuevo Sistema Penal Acusatorio establece que  todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; es decir, el Ministerio Público tendrá que integrar correctamente un expediente para que el acusado pise la cárcel.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, la aplicación del derecho ha sido discrecional y la mayoría de la veces responde más a intereses políticos y presión de los medios de comunicación o redes sociales, que a una cuestión de imparcialidad de la justicia.

Casos como Oceanografía, los Porkys y el conductor del BMW que se impactó en Paseo de la Reforma son algunos de los ejemplos de dicha situación que deja mal sabor de boca entre la población.

Ulises Salgado Castro, doctor en derecho, aseguró que las omisiones, premeditadas o involuntarias, principalmente por el Ministerio Público, están ayudando a los procesados a obtener su libertad, no propiamente porque sean inocentes, sino porque aprovechan estos descuidos o errores de las autoridades.

También hay un abuso de las medidas cautelares y los medios alternativos de solución de controversias, lo que abre la posibilidad a actos de impunidad y la percepción en la gente de que aquéllos que pueden pagar, pueden cometer delitos impunemente.

El recuento

Los Porkys

A finales de marzo, un juez federal de Veracruz otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los implicados en la violación tumultuaria de una menor. Aunque la autoridad ministerial los acusó de pederastia agravada, el tipo penal es difícil de encuadrar con la teoría del caso, lo que provocó una transgresión al debido proceso.

En este sentido, el juez Anuar González Hemadi concedió el amparo al inculpado, pues la Fiscalía de Justicia de Veracruz no presentó los elementos de prueba suficientes para confirmar la responsabilidad de Cruz Alonso en el delito que se le imputa, por lo que quedó en libertad de forma inmediata.

El juez estableció que por tratarse de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en “una acción dolosa con sentido lascivo que se ejecuta sobre el sujeto pasivo, sin tener en consideración el número de tocamientos o roces que se hayan realizado”.

De esa manera, los tocamientos que hizo el acusado, según reconoció él mismo, no demostraron la intención de “satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”.

Además, se encontraron contradicciones entre los testigos; la mayoría de ellos que no declararon lo ocurrido en el automóvil y en la casa donde presuntamente aconteció el ataque sexual.

Ante la fuerte polémica generada en los medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la separación del cargo del juez, quien en estos momentos se encuentra sometido a una investigación administrativa para determinar su responsabilidad en la sentencia, que de comprobarse podría derivar en un proceso penal.

Además, el juez y su familia tuvieron que enfrentar descalificaciones, amenazas y burlas a través de las redes sociales.

En este caso, lo que causó “suspicacias” en el Poder Judicial federal fue que el juez no aplicó un criterio de género, al privilegiar la vulnerabilidad de la víctima por el hecho de ser mujer y prevalecer los argumentos sexistas revictimizando a la agraviada.

El lenguaje utilizado en la sentencia fue “atípico” al emplear vocablos explícitos, fuera de lo que es la ortodoxia en la jerga jurídica, sobre la sexualidad de la víctima, lo cual alertó a los integrantes del Consejo de la Judicatura de que la actuación del juez podría no haber sido la más adecuada y apegada a la norma.

“(…) No tenía la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral, pues no hay ni un elemento que acredite siquiera de manera indiciaria esta finalidad en el inculpado y, además, por el hecho perpetrado de momento, sin realizar otro tipo de acto o expresar palabra alguna, es dable considerar que no existía la finalidad de copular”, citó la resolución judicial.

Al respecto, el jurista Miguel Carbonell consideró que este cúmulo de omisiones abrieron la puerta a la impunidad, pues desde el primer momento el Ministerio Público tipificó inadecuadamente el delito que se persigue y, con ello, a través de la garantía de defensa, el procesado apeló al amparo con base en la presunción de inocencia que privilegia el sistema garantista y el debido proceso.

Por ello, y a pesar de las críticas y descalificaciones de las que fue objeto, defendió la actuación del juez que otorgó el amparo. No porque considerara que el inculpado fuera inocente, sino por la falta de capacidad de la autoridad ministerial de comprobar su responsabilidad con elementos de pruebas técnicas y científicas, como ordena el reciente Sistema de Justicia Penal.

Caso Oceanografía

Amado Yáñez Osuna alcanzó el beneficio de la libertad bajo caución, después de dos años y medio en la cárcel, ya que el delito del que fue acusado es considerado como no grave bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Eso también generó una presión social hacia los jueces.

El ex propietario de Oceanografía enfrentaba en prisión dos procesos por el ilícito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por haber usado los créditos que le otorgó Banamex-Citigroup para fines distintos al financiamiento de sus contratos con Pemex. Esto ocasionó un perjuicio patrimonial a la institución bancaria cercano a los cinco mil 312 millones de pesos.

Con la entrada en vigor del sistema adversarial, cualquier tipo de delito de quebranto patrimonial, fraude, uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, entre otros, tienen derecho a la libertad bajo fianza.

Aunque el proceso de Amado Yáñez inició en 2014 –previo a la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio–, toda ley en beneficio del interno es retroactiva, por lo que desde agosto de 2016, la defensa de Yáñez Osuna venía solicitando la libertad con base en el artículo quinto transitorio de la miscelánea penal, la cual se le concedió el 13 de abril pasado.

Además de que se le fijó una fianza de 7.5 millones de pesos, firmar periódicamente cada 15 días y la restricción de salir del país, aunque se puede desplazar por todo el territorio nacional, incluyendo Acapulco, donde tiene su residencia de lujo.

Conductor del BMW

En medio de una gran polémica y expectativa de la opinión pública se vinculó a proceso a Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor del automóvil BMW que se accidentó en Paseo de la Reforma la madrugada del 31 de marzo, por homicidio culposo agravado en contra de cuatro personas.

Durante la audiencia de formulación de imputación, la jueza Gloria Hernández reconoció que no hay pruebas técnicas, es decir, análisis periciales, para fundamentar la acusación; sin embargo, argumentó que era suficiente con los indicios del médico legista y las declaraciones de los primeros intervinientes –los policías y socorristas– para vincular al acusado a proceso por conducir en estado de ebriedad.

La defensa pidió que se reclasificara el crimen y que fuera tipificado como homicidio culposo por tránsito vehicular, pero se mantuvo la agravante, lo cual obligará al imputado a enfrentar el proceso en la cárcel, si no llega a un acuerdo reparatorio con la parte afectada.

Al respecto, el doctor Ulises Salgado Castro consideró que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ningún delito culposo es privativo de la libertad, y que si el Ministerio Público en verdad lo quería inculpar, la acusación debió ser por homicidio doloso.

Ello, porque la muerte de cuatro personas por conducir en evidente estado de ebriedad y tal vez el uso de alguna droga son una alteración voluntaria de los sentidos, lo cual ya se puede clasificar como una responsabilidad e intencionalidad de causar algún daño en los otros.

Salgado Castro señaló que hay un abuso y exceso de las calificativas de los delitos, pues es contradictorio que un homicidio culposo –por accidente o sin intención– tenga agravantes, es decir, situaciones que lo hacen más complejo o delicado.

En este sentido, las agravantes son castigadas con más años de prisión que la conducta delictiva misma. Por ejemplo, es más criminalizado el consumo de drogas y robar, que simplemente robar; eso es una sinrazón del derecho mismo, consideró el experto.

Por ello, si en verdad se quería castigar al conductor del auto, se le debería de haber consignado por homicidio doloso, pues de lo contrario, a través del amparo, éste puede obtener su libertad por violaciones al debido proceso, ya que cualquier delito culposo no es meritorio de cárcel, y ahí está la omisión del juez que aprovechará la defensa, consideró.

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