Investigaciones

Improbable extradición de ‘El Chapo’ en los primeros meses del 2017

Chapo Guzman

El acusado aún puede recurrir a otras instancias para apelar.

En días pasados, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo que en los primeros meses del 2017 se concretaría la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos; sin embargo, los juicios de amparo que tiene pendientes no concluyen con la negativa del juez de protegerlo.

Guzmán Loera aún tiene el derecho de apelar la determinación a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, inclusive acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice su asunto, bajo el argumento del presunto riesgo que corre su vida en la Unión Americana.

En la víspera el Juez Decimotercero de Distrito negó dos amparos y sobreseyó tres más, presentados por la defensa de Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) por los cuales se avala la extradición de El Chapo a los Estados Unidos.

Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que las notificaciones están relacionadas con los juicios de amparo, 642, 644 y 645/2016, principalmente, interpuestos por Joaquín Guzmán contra los acuerdos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se concede su extradición.

Al respecto, el experto en derecho internacional Jorge Lara Rivera dijo en entrevista con El Big Data Mx, que es difícil que se cumplan los tiempos que mencionó en días pasados el Comisionado, Sales Heredia, pues el extraditable tiene derecho a contar con una defensa adecuada y respeto de sus garantías individuales, de lo contrario se estarían violentando el debido proceso.

“El justiciable tiene derecho a un debido proceso, y desde luego en esto incluye en agotar los medios de defensa que tiene que ver con el amparo, entre ellos, la revisión que es fundamental como último tramo para hacer dicho medio de defensa, y evitar la extradición”, dijo Lara Rivera.

Por ello, y con base a los tiempos jurídicos será difícil que en el primer bimestre del 2017 se concrete la extradición, inclusive en el Poder Judicial Federal, se avecina el periodo vacacional de fin de año, y la única posibilidad para cumplir con este plazo es que la propia defensa se desista de los recursos de revisión a los que tiene derecho.

“En este momento es muy complicado que pueda darse físicamente la extradición del quejoso por los tiempos jurídicos de los juicios de amparo, pero las autoridades estarán viendo si se interpuso en tiempo y forma la revisión en los plazos que da la ley, y también se encuentra la temporalidad de los recursos para que el tribunal colegiado los revise”.

Además que sí hay algún recurso, en materia de amparo pendiente por agotar, señaló, no se puede dar físicamente la extradición, y mientras no se concluyan con esas etapas del proceso el extraditable debe permanecer en el lugar donde se encuentra recluido.

“Es improbable que esto ocurra antes de que se agoten los tiempos, obviamente si no recurren a la revisión el desechamiento del amparo quedaría firme”.

“Considero que es difícil que en este plazo (octubre-febrero) se esté dado la extradición, a no ser que los tiempos de los colegiados correspondientes se ajusten y resuelvan antes, lo cual no es lo común, pero están en su margen”, dijo el experto en derecho internacional.

Infundados argumentos de la defensa 

Como parte de la versión pública sobre la sentencia de los juicios de amparo de El Chapo, el Juez Decimotercero consideró que los argumentos que la defensa planteó resultaron infundados, inaplicables, inoperantes e insuficientes para demostrar la presunta violación a los derechos constitucionales del extraditable.

Y es que los abogados de Guzmán Loera alegaron que se le violaron sus derechos consagrados a la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José, quebrantando así sus derechos a la libertad (detención arbitraria), dignidad humana (transgresión del principio de legalidad) y debido proceso (incumplimiento de formalidades del proceso de extradición).

Consideró que el acuerdo de extradición que la SRE emitió avalando sus traslado a los Estados Unidos, es ilegal y viola el tratado en la materia, en específico el artículo 10 de la misma, que dicta los requisitos para la entrega, pues los documentos de la solicitud de extradición no estaban debidamente validados, y las acusaciones en su contra no estaban verificadas ni sustentadas con medios de prueba legales y licitas.

Dijo que una las acusaciones que enfrenta en California son de “oídas”, y se intentaron validar con información de llamadas intervenidas en forma ilícitas, lo que generó un “efecto corruptor” en el proceso.

En el caso de los delitos que le imputan en California ya están prescritos, pues ocurrieron entre los años 1993 y 1994, y la prescripción de acuerdo con las leyes locales para estos delitos, es de 17 años y por tanto ya no le podrían imputar cargo alguno.

En este sentido, la defensa consideró que el Estado mexicano debe aclarar a sus pares en los Estados Unidos que no se pueden imponer a los connacionales penas inusitadas y no previstas en la legislación mexicana, como la prisión vitalicia o la pena de muerte, esto como requerimiento para entregar al inculpado en extradición.

Sin embargo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández consideró que los argumentos de la defensa son infundados, inoperantes e insuficientes por lo que avaló el proceso de extradición, pues los documentos de requerimiento estaban debidamente validados y la SRE encargada de llevar a cabo el proceso de traslado, cumplió con todas las formalidades del caso.

En sus resolutivos de sentencia el juez dijo que El Chapo tuvo el derecho y la oportunidad a una defensa adecuada y oportuna; mientras que la prescripción de los delitos que se le imputan es de entre 20 y 30 años, no 17 como lo dijo la defensa.

Asimismo, consideró que el Gobierno norteamericano no está obligado a demostrar el cuerpo del delito para solicitar la extradición de Joaquín Guzmán, y estimó innecesario el obligar al Gobierno de Estados Unidos a no aplicar la prisión vitalicia o la pena de muerte al Chapo pues estas penas no se le van a aplicar.

“El cargo por el que se requiere al justiciable no es punible con la pena de muerte, (por lo que) no existe la necesidad de que el Estado solicitante se hubiese comprometido a que no impondrá al reclamado la pena de muerte, o en caso de que sea impuesta, no se ejecutará”, dijo el Juez.

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