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GDF deberá pagar más de 90 mdp a ejidatarios de Culhuacán 

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Por Geovana Royacelli 

@geo_royacelli 

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió obligar al Gobierno del Distrito Federal el pago constitucional el Ejido Culhuacán por una expropiación que data de 1938. 

De acuerdo a los ejidatrios, el monto de pago podría alcanzar más de 90 millones de pesos  pues la sentencia obliga al GDF a que devuelva el goce de sus derechos de esas tierras a través del pago de la expropiación. 

Ernesto Fernández Tachiquin, asesor de los más de 230 ejidatarios explicó que la resolución del Tribunal es la última instancia legal, por lo que el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera deberá cumplir la sentencia y pagar a los ejidatarios el monto correspondiente. 

“De acuerdo a la ley vigente se establece que ninguna expropiación puede pagarse precio inferior al valor comercial actualizado por lo que se deduce que el monto a pagar podría ser de más de 93 millones de pesos, estimando que el valor comercial por metro cuadrado es de alrededor de cinco mil pesos”. 

El Ejido de Culhuacán reclama sólo el pago por la expropiación de 18 mil 606 metros cuadrados de sus tierras pues en 1938 se realizó dicha expropiación y alcanzó 42 mil metros cuadrados en total, terreno que actualmente corresponden también a otros cuatro ejidos, mismos que no han iniciado ningún recurso legal en contra del GDF.

“Estamos a la espera del pago porque  ellos (el GDF) no pudieron acreditar las pruebas que demuestren el pago de la expropiación de 1938”, dijo Fernández Tachiquin. 

De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Expropiación se establece que: “El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras”. 

El Big Data Mx publicó el 30 de marzo que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de Claudia Luengas Escudero, directora general Jurídica y de Estudios legislativos del Gobierno del DF declaró que  el Gobierno capitalino contaba con la documentación que acreditaba la realización del pago. 

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