[PRIMERA PARTE] Estado de México, el ‘hoyo negro’ del transporte público

Transporte Público del Estado de México, el big data mx, big data

20 junio 2017 7:00 am

“Hace una semanas nos asaltaron. Hijos de … parece que huelen el dinero porque acababa de cobrar mi quincena y la traía en mis calcetines. Pues no estos cabrones hicieron que nos quitáramos los zapatos”, comenta Óscar ‘N’, usuario del transporte público que diariamente entra y sale del Estado de México.

El incidente ocurrió a mitad de mayo, era la última camioneta que salía de la base ubicada en la estación del Metro Gómez Farías con dirección al municipio de Chicoloapan de Juárez. Ninguno de los pasajeros lo esperaba, porque se supone que es un servicio directo por el que pagan más de la tarifa ordinaria, con la garantía de que el traslado será más rápido y con mayor seguridad.

La serie de testimonios de personas que a diario padecen asaltos se incrementa. No hay una sola ruta –en el oriente del Valle de México– en donde no se escuchen historias similares.

Deficiencias, asaltos, quejas y falta de regulación en las unidades mexiquenses son una constante. Un reto que ninguna administración estatal ha superado.

De acuerdo con cifras del Organización Nacional Anticorrupción, en el primer bimestre de 2017 se registraron 601 asaltos en el transporte público, lo que representa un aumento de 160% en comparación con el mismo periodo en 2016.

La iniciativa #YoMeMuevoEdomex coincide en la presentación de estadísticas negativas en la entidad más poblada de México.

El estudio –que contó con el respaldo del ITDP, WRI México, IMCO y la Fundación Tláloc– refiere que en los últimos 10 años el Estado de México ha tenido un crecimiento superior al 300% en su parque vehicular, acercándose a los cinco millones de automóviles.

Respecto a los delitos cometidos en el transporte público, indicó que la serie de incidencias han crecido de manera alarmante, y pese a los esfuerzos por implementar mejores sistemas de movilidad como el Mexibus y el Mexicable, la mejora para todos sigue siendo mínima.

“Los mexiquenses pueden llegar a perder hasta cinco años de su vida productiva transportándose y emplear hasta el 40% de sus salarios para movilizarse”.

Pero el asunto no para aquí, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (Envipe) 2016 –dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)–  arrojó datos preocupantes en este tenor.

La evaluación reveló que 10 millones 44 mil mexiquenses se sienten inseguros al estar en las calles de la entidad. No obstante, al estar en el transporte público, la cifra se eleva a 10 millones 120 mil personas, quienes están casi seguros que serán víctimas de algún robo.

Ante esta situación, detalla el documento consultado, siete millones 598 mil 690 dejaron de utilizar el transporte público por temor a ser víctimas de algún delito; seis millones 738 mil 552 dejaron de utilizar el taxi, y cuatro millones 151 mil 891 optaron por no salir de noche.

Caso Valeria, ‘pedrada’ al Gobierno Mexiquense

El asesinato cometido contra Valeria, la menor de 11 años que murió trágicamente en Nezahualcoyotl, sirvió para echar en cara a las autoridades estatales su falta de compromiso en materia de regulación en el transporte público.

La diputada Claudia Corichi presentó recientemente un informe con base en la Encuesta sobre transporte en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde se reflejó que ocho de cada 10 personas consideran que el transporte es inseguro y siete de cada 10 mujeres señala haber sido víctima de acoso sexual a bordo de las unidades.

“La radiografía es clara, autobuses, combis y microbuses laboran en total impunidad, siendo intocables por sus lazos con el priismo mexiquense que les ha asimilado al estilo del viejo corporativismo. Policías, con honrosas excepciones, se hacen de la vista gorda, mientras prefieren extorsionar a cualquier vehículo con placas foráneas”.

En mayo de 2013, las autoridades mexiquenses encabezadas por el gobernador Eruviel Ávila aprobaron subir un peso la tarifa del transporte público por los primeros cinco kilómetros de recorrido y 20 centavos más por kilómetro adicional; así, el cobro mínimo pasó de siete a ocho pesos.

Sin embargo, el incremento se aceptó con la condicionante que los transportistas responsables de las entonces 50 mil unidades que prestaban el servicio colectivo de pasajeros portaran a la vista un engomado con el tabulador.

Asimismo, se suscribió el acuerdo de que saldrían de circulación al menos 30 mil unidades irregulares; se implementarían cursos de capacitación, instalarían equipos de seguridad (botones de pánico y cámaras de vigilancia) y un sistema de prepago. Mejoras que –afirmaron– serían paulatinas.

Cuatro años después el parque registrado es de 170 mil vehículos con concesión y 30 mil más sin contar con esta autorización. Es decir, la regulación del transporte público mexiquense quedó nuevamente rezagado y como un gran reto para la próxima administración.

En este sentido, Alfredo del Mazo, quien se perfila como gobernador electo y próximo mandatario del Estado de México, aseguró en una entrevista que irá “fuerte y con todo” contra el transporte público.

“El problema de seguridad conmigo será una solución. Yo me voy a encargar de que resolvamos el reto de seguridad, primero que nada en el transporte público. Primeros cien días, resolver el tema de seguridad en el transporte público”, afirmó.

De convertirse en el sucesor de Ávila Villegas, del Mazo Maza también deberá urgir la estrategia de seguridad en las cuatro principales carreteras donde se reportan mayor número de incidencias: las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro y la México-Toluca.

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