21 de Septiembre de 2017
Investigaciones

Esconde ALDF a diputados gritones y abusivos

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El órgano legislativo reservó como clasificada la información de los asambleístas que tienen quejas por vejaciones en contra de sus trabajadores.

La Asamblea Legislativa reservó por tres años la carpeta de denuncias que versan en contra de los diputados actuales y personal administrativo, acusados de violar derechos humanos.

El Big Data Mx pidió, a través de una solicitud de transparencia, copia de todas las quejas interpuestas en esa materia –de octubre de 2015 a noviembre de 2016– en contra de los asambleístas y de su personal; sin embargo, la ALDF negó la información.

El caso toma relevancia debido a que empleados de los legisladores locales han acusado malos tratos, vejaciones, incluso humillaciones en su contra, por lo que más de una decena presentó su renuncia en meses anteriores.

A pesar de ello, el órgano legislativo negó los expedientes de queja y denuncia, bajo el argumento de que los datos solicitados son de acceso restringido en su modalidad de confidencial.

“La información se entrega de forma general a partir de la autoridad y no por el servidor público contra el que se presentó la queja, en razón de que los servidores públicos probablemente responsables de violaciones a derechos humanos en ocasiones se reflejan de la narrativa de hechos que se realiza en un expediente de queja”, respondió el órgano legislativo a la solicitud de transparencia.

Se informó que los expedientes fueron clasificados acorde al Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la propia Comisión de Derechos Humanos local, aún vigente.

Entre los derechos que se vulneraron destacan el de a la integridad personal, agresiones simples, ataques a la dignidad y honra, obstaculización al derecho a un trabajo estable e injerencias arbitrarias.

La encargada de revisar estos casos fue la Quinta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la que concluyó seis expedientes y mantiene dos en trámite.

Esta casa editorial presentó un recurso de inconformidad por la reserva que realizó la Asamblea Legislativa sobre tales archivos; sin embargo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad lo desechó. 

Cosa de todos los días

Las quejas en contra de diputados de la ALDF son una constante en esta legislatura. Uno de los casos más sonados fue el del diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Romo. Y es que un regaño que propinó a una de sus colaboradoras salió a la luz a través de un audio que circuló en redes sociales, por lo que se vio obligado a disculparse públicamente.

“¡Torpe, torpe, torpe, de plano! ¡Eres idiota! ¿A quién se le ocurre hacer estas pendejadas?, ¿a alguien que es inteligente, chingón, listo…? ¿Cómo, no entiendo? ¿A alguien que es profesional, que entiende que es el trabajo?”, gritó Romo.

El Grupo Parlamentario del PRI no se quedó atrás, ya que integrantes del equipo de trabajo de legisladoras como Dunia Ludlow Deloya y Cynthia López las han acusado en repetidas ocasiones de humillarlos.

“Como en todo trabajo, hay malos y buenos momentos, pero una cosa es que te regañen y otra que te quieran humillar y agarrar de su gato como sucede con algunos diputados”, denunciaron empleados, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias.   

Austeridad a  empleados de bajo rango

Ante las medidas de austeridad aplicadas por la Asamblea Legislativa tras el aumento de los combustibles, el sindicato acusó abusos por parte de este órgano legislativo.

Los ánimos se encendieron luego de que les quitaran bonos de productividad, vales de despensa y hasta horas extra a los empleados, por lo que salieron a protestar, ya que, aseguran, la reducción de prestaciones no se da en todas las áreas.

“No es justo que nos quiten bonos sin consultarnos; nosotros somos los que nos llevamos la verdadera friega aquí, y fuimos los primeros raspados. En todo caso debería ser igual en todas las áreas operativas y administrativas y no proteger a sólo unos cuantos”, precisaron los sindicalizados.

A esto se le suman las distintas denuncias y quejas que existen por parte del personal de base de la ALDF, el cual acusa maltrato, exclusión, retiro de material y plazas congeladas.

“Hubo despidos al inicio de este año, y hasta la fecha continúan sin ocuparse las plazas; las mantienen congeladas y el trabajo sigue siendo igual. Entendemos las medidas de austeridad, pero sabemos que no son para todos; es una arbitrariedad”, indicó el personal administrativo.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada, se comprometió a no lacerar los derechos de los trabajadores de base, respetar sus bonos y sueldos mensuales.

El paquete de austeridad que aplicó el Gobierno capitalino al comienzo de este año se dio luego del aumento histórico de los combustibles, por lo que ordenó a todas las dependencias y al órgano legislativo reducir costos de operación y administrativos.

Transparencia a modo

La reserva de información por la Asamblea Legislativa no es un caso aislado, ya que varias dependencias gubernamentales recurren a este recurso para evitar entregar datos que pudieran perjudicar sus intereses.

En la mayoría de estos casos no hay consecuencias, por ello, el comisionado presidente, Mucio Hernández Guerrero, lanzó un nuevo llamado a dotar de dientes al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, ya que se encuentran amarrados de manos.

Tras ser cuestionado por las diferentes solicitudes de información que realizó esta casa editorial para obtener los expedientes por violaciones a derechos humanos de la VII Legislatura de la ALDF, el comisionado admitió que se necesitan medidas agresivas para garantizar el derecho a la información.

Esto, debido a que el Info-DF ordenaría a la Asamblea Legislativa presentar la información, aunque el órgano legislativo puede excusar invasión de facultades o medidas de seguridad en materia de protección de datos personales para evitar entregar los documentos.

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