En pausa entrada en vigor de los Tribunales de Tratamiento para las Adicciones

Adictos

3 noviembre 2015 11:12 am

El 70 % de las personas que cometieron un delito en el Distrito Federal lo hicieron bajo el influjo de alguna droga, por ello, para los expertos el problema de inseguridad no sólo debe ser abordado a través de las leyes, sino también ser observado como un problema de salud pública.

A pesar de que los diputados locales ya se apuntaron para legalizar la marihuana, se les olvida que tienen pendiente la creación de los Tribunales de Tratamiento para las Adicciones, mejor conocidos como Cortes de Drogas.

Hace tres años se presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para crear la Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones en el DF, la cual incluía la conformación de Tribunales de Tratamiento, que buscan abordar el tema del delito desde una perspectiva de justicia terapéutica, y ya no desde el ámbito punitivo.

Con ello se cumpliría con diversos preceptos del nuevo sistema penal acusatorio: ser garantista, privilegiar la presunción de inocencia, despresurizar el sistema penitenciario capitalino, y así dignificar la vida de los internos en los penales, y en consecuencia lograr la reinserción social adecuada.

Sin embargo, la nueva ley fue mandada a la congeladora, a pesar de ser aprobada en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social.

Los  argumentos presentados para justificar el proyecto de ley señalan que el tamizaje realizado por la Dirección Ejecutiva y Readaptación Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en coordinación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, cerca del 40% de los inculpados estuvieron bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva al cometer un delito, destacando el alcohol (77%), la cocaína (42%), la marihuana (33%), y los inhalantes (24%),  como las sustancias más consumidas.

El 31% de la población mostró problemas de dependencia y abuso, mientras que el consumo global reportado por los internos fue de 28%;  siendo la marihuana la sustancia más consumida 58%.

Las delegaciones con mayores índices en la detención de personas en posesión de marihuana, cocaína y pastillas psicotrópicas con fines de comercio, son Iztapalapa Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, según la iniciativa  presentada por las Comisiones.

Fuentes del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en el Distrito Federal, 70% de los delitos son cometidos por consumidores de estupefacientes y/o alcohol. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se estima que a nivel nacional, 7 de cada 10 internos son consumidores de estupefacientes y/o alcohol.

De avanzar esta iniciativa, los Tribunales de Tratamiento estarían en cada delegación, conformado por una plantilla de 10 a 15 personas, entre ellos un juez especializado justicia terapéutica, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, médico, ministerio público, defensor público y personal administrativo.

Cada una de la sedes estará descentralizada de centros penitenciarios, juzgados penales u otros dependientes del TSJDF;  en un lugar de fácil acceso para las personas en tratamiento, preferentemente cercanas a la sede delegacional.

Las personas sometidas a este tratamiento serán propuestas por el juez penal que tomará conocimiento en primera instancia, sobre todo los infractores adictos, que hayan cometido algún delito patrimonial no violento, y que de manera voluntaria decidan someterse a la desintoxicación.

Durante su tratamiento deberán estar en libertad bajo las reservas de ley, y cada semana los infractores serán  sometidos a una evaluación médica y psicológica y social para ver su avance de recuperación.

Será en un plazo de dos  años cuando el órgano colegiado determine sí efectivamente se logró la reintegración social del adicto a través del tratamiento, y con ellos quedará desactivado su proceso penal.

El candidato deberá residir en el lugar fijo, debiendo comunicar los cambios de domicilio que tuviere; no amenazar, ni agredir físicamente a la víctima u ofendido o algún testigo que haya depuesto en su contra; someterse al plan de tratamiento que su circunstancia personal requiera; estar en vigilancia de la autoridad judicial en los términos y las condiciones que el caso amerite.

Además de no cometer un nuevo delito; abstenerse de consumir sustancias psicoactivas, salvo por tratamiento o prescripción médica, evitar otro tipo de elementos o componentes que los pongan en riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas; y cumplir con las obligaciones adicionales que el Juez Especializado imponga.

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