Investigaciones

Cancelan obras de seguridad en reclusorios por recorte presupuestal

fuga de El Chapo, Altiplano

Entre los proyectos se encuentras mejoras al Altiplano, de donde escapó El Chapo Guzmán.

Luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el Gobierno federal prometió reforzar las medidas de seguridad, rehabilitar, modernizar y capacitar al personal los centros penitenciarios; sin embargo, con el recorte presupuestal 40 proyectos de la Secretaria de Gobernación vinculados con el área de seguridad quedarán inconclusos.

Entre los programas y proyectos de inversión registrados sin asignación de recursos en 2017, destacan la ampliación de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, el Altiplano, del cual se fugó El Chapo Guzmán, en julio del 2015.

Los principales reclusorios federales y que resguardan a los internos más peligrosos del país, requieren de una ampliación en su capacidad, pues registran una sobrepoblación, misma que pone en riesgo la propia seguridad y capacidad de custodia de los reos.

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación 2017, se requerían 200 millones 870 mil pesos para, “ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas y complementarias, para la correcta operación del Centro Federal  de Readaptación Social, Número 1, Altiplano, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a la población”.

Cuando se fugó Guzmán Loera quedaron en evidencia diversas omisiones tanto técnicas como humanas dentro de este penal, el cual, se dijo, requería de infraestructura técnica, cámaras de seguridad, circuito cerrado, drones, alarmas, reforzamiento de muros, cimentos, rejas, y mobiliario fijo dentro de cada celda.

Además de equipo de seguridad, armas, uniformes, equipo antimotines, mejores salarios para los custodios, pero sobre todo de capacitación para una formación ética y profesional a través de filtros de selección del personal de custodia, para evitar que se corrompieran los sistemas técnicos de seguridad.

Cabe descartar que las obras de mantenimiento, remodelación, equipamiento, amueblado y ampliación en el Cefereso 9,  Chihuahua –donde actualmente está recluido, Guzmán Loera–, quedaron suspendidas por falta de los 3 millones 5 28 mil pesos que contemplaban para mejorar las condiciones de vida de sus mil 340 internos.

Otro proyecto sin recursos, es el de la Casa Penal Federal Islas Marías (CPFIM) donde se tenía proyectado construir áreas especiales de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como: “…el incremento de la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación, permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento”, para lo cual se requerían 10 millones 466 mil 968 pesos.

En el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), se pretendía construir, ampliar, equipar y amueblar un Módulo Integral para los 950 internos del Centro, ubicado en Ciudad de Ayala, Morelos, para lo cual se requerían 3 millones 108 mil 881 pesos.

También quedaron pendientes las adecuaciones, remodelación y ampliación de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, ubicada en Veracruz, pues actualmente sólo tiene capacidad para 224 aspirantes y se pretendía albergar a mil 056 alumnos.

Asimismo, se suspendieron las obras de remozamiento, equipamiento y demás ampliaciones en los Ceferesos de Coahuila, Durango, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, en todos ellos hay reos de  alta peligrosidad vinculados con delincuencia organizada, tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, extorsión, homicidio, entre otros.

En otros rubros, también fue cancelada la adquisición de tecnología para el monitoreo y análisis de fenómenos perturbadores en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

“Efectuar la adquisición de equipo especializado para el monitoreo del Volcán Popocatépetl, la investigación y análisis de información y desarrollo de proyectos sobre fenómenos perturbadores”, para lo cual se requerían, 102 millones 986 mil pesos.

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