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Agencias funerarias dejan en el limbo restos humanos

J.Villa panteones -5

Tras cumplirse los siete años de sepultura los panteones exhuman los restos y en muchos casos los familiares no son notificados ni del paradero final de su familiar.

Gabriela vivió una pesadilla en septiembre del año pasado. Luego de siete años del fallecimiento de su padre acudió al panteón para exhumar sus restos, pero se encontró con la noticia que el cuerpo ya había sido retirado tiempo atrás sin que le notificaran y hasta el momento desconocen su paradero.

Como éste, existen un sinnúmeros de casos, toda vez que los panteones  del Distrito Federal y Estado de México sólo tienen la obligación de mantener los restos humanos por un lapso de tiempo -siete años– y si los familiares no acuden antes de ese plazo, ni el panteón ni la agencia funeraria que se encargó de la sepultura se hacen responsables u ofrecen explicaciones del destino del cuerpo.

La Ley de Salud del Distrito Federal prohíbe tirar restos humanos a la intemperie o cualquier lugar abierto, pero no especifica el destino final en los casos de exhumación.Este vació legal lo han aprovechado las empresas funerarias “patito” de ambas entidades, al establecer contratos pocos claros con los familiares y hacer de esto un negocio rentable.

Cuando Gabriela exigió una explicación al área administrativa de Jardines del Recuerdo, la agencia funeraria que se encargó de dar sepultura a su padre, ésta argumentó que el refrendo de la propiedad había vencido, por lo que los restos de su padre habían sido desechados a la basura, a pesar de que las leyes sanitarias lo prohíben.

La administración del panteón afirmó para El Big Data Mx, que solamente se abre una tumba para retirar los restos humanos cuando ha vencido el tiempo del sepulcro y en el momento que ha sido imposible comunicarse con la familia.

Sin embargo, en entrevista por separado, diferentes familias de los  municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlan y de familias que viven en las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc acusaron a esta empresa de haber retirado los restos de sus familiares sin autorización previa.

Tal es el caso de María del Carmen, quien contrató una propiedad con esta empresa desde hace diez años, pero que le fue retirada bajo el argumento de que debía refrendar el espacio, a pesar de que la fosa contaba con una perpetuidad.

Los cuerpos de sus familiares fueron esparcidos en las inmediaciones del panteón, por lo que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante 2015,  25.4% de las quejas que se impusieron contra agencias funerarias del Distrito Federal  y Estado de México, se debieron por robos y alteraciones en las tumbas de las personas sin previa autorización.

Mientras que 38.5% fueron por incumplimiento de contratos de necesidad inmediata y previsión; 15% por no respetar costos del contrato, 3.5% por mal servicio y 5.6% por negar el uso de las instalaciones tras cláusulas económicas no especificadas en los contratos.     

Las agencias que desfilan en la lista negra por recibir más quejas y denuncias de este tipo se encuentran  Gayosso, J. García López, Jardín Guadalupano, Jardines del Recuerdo, entre los consorcios más castigados.

Martha Betanzos vivió una situación similar hace un par de meses, al comprobar que la tumba de sus abuelos había sido saqueada y destruida, luego de que decidiera realizar una exhumación para posteriormente incinerar a su familiar.

A pesar de emitir una queja contra la administración del panteón Jardines del Recuerdo, ésta evadió la responsabilidad, al mencionar que la empresa no se hacen cargo por este tipo de ‘’incidencias’’, ni mucho menos podía realizar una condonación económica. 

Por lo que Betanzos acudió a la PGJEM  a interponer una denuncia y otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); no obstante, el primer requerimiento fue desechado al no existir una ley que sancione estos actos.

De acuerdo a la CNDH, entre 2012 y 2015, se registraron un total de dos mil 125 quejas contra casas funerarias de la República Mexicana; 413 fueron por manipulación sin previo consentimiento de cadáveres y restos áridos de personas.

Aunque el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, no ha reconocido este como un problema grave, organizaciones civiles y políticos locales encendieron los focos por esta  problemática que van en ascenso.

Y es que el modus operandi poco a poco ha ganado terreno en el Distrito Federal y en  su periferia al comprobarse que cenizas y restos áridos en mucha ocasiones no corresponden a la persona que se sepultó o incinero.

La juez civil de delitos no graves del Reclusorio Norte, Verónica Ibáñez García destacó que desde el año 2000 hasta el corte de 2014, se realizaron  715 exhumaciones con fines de investigación y 26.6% de los resultados fueron incompatibles con el ADN del que se tenía registrado.

Ibáñez,  precisó, que tanto en la Ciudad de México y el Estado de México existen cementerios y panteones que  desechan  los cuerpos y restos de seres humanos al concluir un determinado tiempo, debido al sobrecupo que existe en estos lugares. 

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Sólo en el capital del país se tienen identificadas dos mil 500 funerarias y más de 50% no cuentan con todos los permisos necesarios e instalaciones adecuadas para ofrecer un servicios de este tipo, de acuerdo al Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios (Comesef).

Lo cual ha detonado que cientos de familias vivan un verdadero vía crucis a la hora de velar a un ser querido o incluso tengan que lidiar con problemas después de su muerte al enfrentarse con la extorsión y contratos ambiguos por agencias funerarias que operan en la opacidad y cobijo de las autoridades locales. 

Coyotaje y extorsión…el cáncer de la industria

El presidente de la Asociación Propietarios de Funerarias y Embalsamadores del Distrito Federal (AFEDF), David Vélez Ponce aseguró que existen diversas compañías de este giro que se dedican a “coyotear” en los Ministerios Públicos y Forenses con el objetivo de condicionar a una familia a utilizar un servicio funerario con determinadas empresas. 

Destacó que uno de los principales males que padece la industria, es la corrupción que tienen estas administraciones del Estado de México y de la Ciudad de México, pues asegura que el tráfico de influencias se da en todos los ámbitos perjudicando siempre a las familias.   

El coyotaje en las agencias funerarias no es algo nuevo, ni mucho menos es algo que se pueda ocultar, lamentablemente como en todos los gremios existen personas que hacen bien su trabajo y otras que no, aunque siempre buscamos que esto se evite”, puntualizó el empresario.

Asimismo, afirmó que está practica se da también entre los grandes consorcios como Gayosso y García López al reciclar los ataúdes que utilizan las familias que contratan un servicio de previsión, lo cual está prohibido por la Ley, según el Reglamento de Funerales.

El mercado funerario esta valuado en 12 mil millones de pesos, con un crecimiento sostenido de 5% anual, y que pesé a lo costoso que resulta abrir una empresas de este tipo, estos negocios siguen proliferando en el DF y Estado de México.

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